Unas instituciones alineadas para crear un ecosistema electoral a la medida y una crisis a toda escala son fenómenos que se repiten de cara a la elección de nuevos diputados, mientras que “la novedad” consiste en menos derechos a los indígenas y una pandemia.
El Guachimán Electoral
Los últimos procesos electorales en Venezuela han estado signados por las irregularidades y violaciones a la Constitución y a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) por parte de las dos instituciones que debían garantizar, precisamente, la transparencia electoral: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las elecciones de 2015, donde se eligió la actual legislatura de la Asamblea Nacional, fueron, quizás, las últimas en ser medianamente competitivas, pero no exentas de irregularidades. Desde el #GuachimánElectoral presentamos algunas de las semejanzas y diferencias de aquel proceso con respecto al que se dará el próximo 6 de diciembre:
El espejo:
- Fecha: la más obvia de las semejanzas entre el proceso electoral del 2015 y el de 2020 es la fecha: 6 de diciembre. En ambos casos, el día fue elegido y anunciado de manera tardía. El día de las elecciones coincide con la semana en que corresponde la semana de flexibilización de la cuarentena, bajo el esquema 7+7 que ha implementado el chavismo.
Situación país: otra de las coincidencias es que en 2015 Venezuela presentaba una crisis económica importante. El proceso que se dará el 6 de diciembre viene acompañado de la profundización de la crisis económica y política y con un elemento extra: la pandemia por coronavirus.
Instituciones alineadas: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha jugado un rol importante en el camino electoral venezolano y en la consecuente desconfianza de los venezolanos para transitarlo. En 2015, el informe del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) denunciaba que se vencía el periodo de tres rectores del CNE. El TSJ decidió ratificar a dos rectoras y nombrar a un nuevo rector. En 2020, luego de un intento de acuerdo político entre oposición y gobierno para designar un nuevo CNE, fue nuevamente el TSJ el que designó a los nuevos rectores del Poder Electoral e impuso, contrariando las leyes, a la presidenta y el vicepresidente del ente comicial.
Configuración a la medida: hace cinco años, como ahora, el TSJ afectó con sus decisiones a algunos partidos políticos. En 2015, el máximo tribunal decidió intervenir y desconocer la legitimidad de las direcciones nacionales de Copei, el MIN y el MEP. Para el proceso de 2020, tres de los principales partidos opositores están intervenidos con una dirección también impuesta por el TSJ: Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). A estos les arrebataron siglas y colores para dárselas a dirigentes que adversan la gestión del actual presidente del Parlamento y que están siendo investigados por vínculos con la corrupción.
La otra acera:
- Nuevo sistema de adjudicación: el CNE, con aval del TSJ, creó un nuevo ecosistema electoral que aumenta el número de diputados, de los 167 que se eligieron en 2015, a 277.
- Pandemia: a diferencia de otros procesos electorales, incluido el del 6 de diciembre de 2015, en 2020 se pretende ir a unas elecciones complejas en medio de una pandemia, sin que el CNE haya explicado cuáles serán las garantías de bioseguridad para todos los involucrados en el proceso y particularmente para quienes participarán como electores.
Vulneración a los indígenas: tras el resultado de las elecciones de 2015, los diputados indígenas fueron la manzana de la discordia. Una sentencia de la Sala Electoral del TSJ, presidida entonces por la Magistrada Indira Alfonzo, hoy presidenta del CNE, dejó sin representación indígena al estado Amazonas durante los cinco años de legislatura. Ahora, la transgresión es la forma en cómo los indígenas elegirán a sus diputados: sin voto directo, universal y secreto y tres días después de las elecciones generales.
Sin saber cómo se votará: en marzo de este año, la entonces presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informaba que 40.000 máquinas de votación habían resultado afectadas tras un incendio en los galpones del ente electoral. A la fecha, no hay información de cómo se garantizará que el sistema de votación sea automatizado, tal como lo establece la Constitución.
Menos es menos: el actual cronograma electoral establece 15 días de campaña electoral, pese a que ese proceso implica promoción de candidatos en un contexto con pocos medios de comunicación, variaciones del sistema de asignación de escaños y movilidad restringida por el COVID-19. En 2015 la campaña duró 21 días.
Más recortes: El cronograma para este 6 de diciembre tiene, además, 12 actividades menos que en 2015. Estas son tareas que fueron eliminadas o fusionadas sin justificación técnica. En cuanto a las auditorías, en 2015 se efectuaron 20, mientras que para este 2020 se anunciaron 15.
