Las parlamentarias 2020 avanzan, aunque con normas sobrevenidas y una cadena de escollos. Los obstáculos comienzan con la designación del directorio del CNE por parte de la Sala Constitucional que además eligió la directiva. También incluyen cambios esenciales en las normas y sobre la marcha de un proceso con más dudas que garantías.
Sofía Nederr
La carrera de obstáculos hacia las elecciones parlamentarias se inició cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en junio la “omisión legislativa” de la Asamblea Nacional (AN) en la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Luego usurpó las competencias legislativas e impuso el nuevo directorio comicial. La maniobra se hizo mientras avanzaba el trabajo y se cumplían los lapsos del Comité de Postulaciones Electorales, presidido por el diputado Ángel Medina.
“Con esta decisión el máximo tribunal volvió a usurpar la competencia exclusiva y excluyente de la AN, establecida en el artículo 296 de la Constitución, de designar a los titulares y suplentes de la conducción del Poder Electoral; y además lo intervino”, advierte Francisco Castro, director de Súmate.
Por si fuera poco, el TSJ impuso como presidenta del Poder Electoral a una de sus magistradas, Indira Alonzo, designada como rectora, apropiándose también de una competencia exclusiva del CNE, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope).
Castro resalta que uno de los requisitos fundamentales para los rectores, que no se ha cumplido, es su independencia política. Señala que, además de los cuestionamientos a los rectores designados en junio, el rector Leonardo Morales, nombrado tras la renuncia del vicepresidente Rafael Simón Jiménez, pertenecía a Avanzada Progresista (AP) e incluso representó a ese partido en una de las primeras actividades del cronograma electoral: la entrega de la base de datos para la selección de los Organismos Electorales Subalternos.
Elecciones agravadas
En 2003, 2005, 2014, 2016 y 2020, la Sala Constitucional del TSJ hizo la designación de las autoridades electorales en el país. El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, afirma que, aunque no es la primera vez que el TSJ nombra a los miembros del CNE, en otros momentos se cuidaban más las formas. “No es la primera vez que vamos a elecciones con un CNE mal designado. Sin embargo, las primeras veces el TSJ nombró rectores temporales hasta tanto la Asamblea Nacional pudiera, efectivamente, nombrar los rectores como manda la Constitución y eso fue lo que ocurrió en el año 2005”, acota.
Lander califica como irregular y grave que la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, sea la misma magistrada de la Sala Electoral que redactó la sentencia que inhabilitó, en 2015, a los diputados electos en el estado Amazonas y en la circunscripción indígena sur.
Otro de los tropiezos de cara a las parlamentarias del #6D fue el desmontaje de tres de los principales partidos opositores, jugada que también ejecutó la Sala Constitucional.
De esta manera, el TSJ impuso juntas directivas ad hoc para Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Este movimiento se tradujo en la remoción de las autoridades legítimas de esos partidos, que habían sido escogidas por la militancia y por métodos internos.
Elecciones con normas sobrevenidas
Los escollos para las elecciones del #6D no terminan, y el CNE designado por el TSJ también cumplió lo señalado en la sentencia sobre el cambio de normas comiciales, con lo que el nuevo Poder Electoral no solo alteró las reglas del juego luego de convocar las parlamentarias, sino que también hizo cambios en el lapso de seis meses antes de la contienda, contraviniendo, una vez más, la Constitución.
Lander, del OEV, advierte que las normas especiales que regirán el proceso del 6D perturban y hacen mucho ruido a lo largo del camino a las parlamentarias. «Las elecciones no son solo el día de la votación; se trata de un proceso que tiene distintas fases. Dentro de ese proceso está la revisión del Registro Electoral (RE), las auditorías, las postulaciones, la campaña electoral; todo eso es parte del proceso electoral», agrega.
En ese sentido, refiere que igual ocurrió con la incorporación de la paridad de género en las postulaciones cuando estaba por iniciarse el proceso.
Las Normas Especiales para las Elecciones a la Asamblea Nacional Período 2021-2026 incluyen un amplio menú que abarca el incremento del número de escaños de la AN a 277, lo que significa un aumento de 110 curules.
«El número adicional de diputados viola expresamente los lineamientos para la conformación de la Asamblea Nacional establecidos en el artículo 186 de la Constitución, según el cual el número total de escaños no debe exceder los 167, ya que estipula que una parte de la representación parlamentaria debe provenir de la base poblacional del 1,1% de la población nacional», explica Francisco Castro, director de Súmate.
El aumento del número de diputados se suma a las sombras sobre la transparencia de los venideros comicios. Además, Castro señala que el CNE tiene potestad reglamentaria, pero no para legislar.
Escollo para los indígenas
Un aspecto importante sobre las normas fue el cambio en el modo de elegir a los representantes indígenas. De acuerdo con el OEV, la nueva norma, aparte de inconstitucional, afecta la calidad del proceso comicial en curso.
Tanto el OEV como Súmate advierten que con los cambios en la elección, que ahora se hará a través de asambleas comunitarias, se atenta contra el artículo 63 de la Constitución: El derecho al sufragio se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. Otro punto esencial es que en adelante los tres diputados indígenas pasarán a representar apenas el 1,1% de la cámara, a diferencia del 1,8 % que representan en la actual legislatura.
«Menospreciar así la relevancia de la representación indígena ante la AN sería, además, desconocer un derecho reconocido a esos pueblos por primera vez en la Constitución de 1999», expresa el OEV.
Más elección, menos decisión
Las nuevas normas reservaron espacio para asignar un cociente electoral de 48 diputados nacionales. Sobre este punto hay un elemento de peso: estos representantes se van a elegir sumando los votos que obtenga cada uno de esos partidos en sus listas en cada estado, pero además se les restarán posibilidades a los partidos regionales.
«Se crea ahora un nuevo ente, un nuevo cuerpo, que son 48 diputados adicionales que son, supuestamente, de una lista nacional y al ser de una lista nacional, entonces ninguno de esos diputados será el representante efectivo de una entidad federal. Nuevamente hay una distorsión del voto directo», advierte Luis Lander.
Por su parte, Francisco Castro, director de Súmate, complementa sobre las irregularidades que, al ser una lista nacional, los venezolanos en el exterior deberían poder votar por tratarse de una circunscripción nacional. “Esa es una violación más”, ataja.
Bioseguridad en veremos
El cronograma electoral avanza en medio de la pandemia por COVID-19 y todavía no hay claridad sobre las medidas de biodiversidad para el #6D. Pero, además, hay varias actividades del proceso que demandan la presencia de varias personas, con lo cual no estaría garantizado el distanciamiento social, básico para reducir las posibilidades de contagio.
El CNE informó, el 6 de agosto, que presentará su plan de bioseguridad para las elecciones parlamentarias a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que evalúe su factibilidad.
«¿Cómo hacemos nosotros para, efectivamente, garantizar un sistema que nos permita no poner en riesgo a los electores, que, obviamente, son el centro fundamental de todo proceso electoral, pero tampoco a los funcionarios que son los que se van a tener que calar todo el día allí en una situación eventual de riesgo?», plantea Luis Lander.
De esa manera, el director del OEV refiere la experiencia reciente de República Dominicana, país donde hubo un repunte de las infecciones después del proceso electoral.
«La Unión Europea y las organizaciones internacionales han hecho distintos estudios de cómo realizar elecciones en tiempos de pandemia y hay un conjunto de recomendaciones. Por ejemplo, en los operativos de inscripción y actualización en el registro electoral, el CNE cumplió o trató de cumplir una o dos, o sea, el distanciamiento y el uso de mascarilla, pero no había gel en los puntos de inscripción y actualización, en muchos sitios no se estaba respetando la distancia de dos metros, no había un acrílico entre las personas y los funcionarios», finaliza Francisco Castro.
