144 escaños de los 277 en disputa serán elegidos en listas estadales (96 cargos) y una lista de adjudicación nacional (48 cargos), de organizaciones políticas con el sistema electoral de representación proporcional
Lewin Granados
Con el cambio del diseño electoral aprobado el pasado 30 de junio, las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejaron en manos de pactos internos en partidos políticos la elección de más de la mitad de los diputados que serán escogidos el próximo #6D.
Bajo el pretexto de fortalecer la proporcionalidad y el pluralismo político, el Poder Electoral decidió equilibrar el voto lista y voto nominal a 52% y 48%, respectivamente. Es así que 144 escaños de los 277 en disputa serán elegidos en listas estadales (96 cargos) y una lista de adjudicación nacional (48 cargos) de organizaciones políticas, con el sistema electoral de representación proporcional, empleado en países como Argentina, Bélgica, Colombia y España, entre otros.
El problema, advierten expertos, es que estas condiciones incrementan la desconfianza ciudadana en un proceso, desconocido por el bloque opositor que lidera Juan Guaidó y por buena parte de la comunidad internacional, al no ofrecer información concreta de cada candidato.
“El CNE prácticamente ha elevado los niveles de opacidad, pues pone a elegir diputados de los que no se va a conocer nombres ni apellidos. Simplemente terminan generando mayor desconfianza en dirigentes políticos, partidos y en consecuencia en la Asamblea Nacional, el origen de cuyos miembros no lo vas a conocer”, señaló Oswaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político y campañas electorales y director de la firma ORC Consultores.
En las elecciones parlamentarias de 2015, por ejemplo, del llamado voto lista resultaron favorecidos algunos personeros como Julio Borges (Miranda), Edgar Zambrano (Lara) y Juan Miguel Matheus (Carabobo) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); mientras que por el Gran Polo Patriótico fueron electos Diosdado Cabello (Monagas), Earle Herrera (Anzoátegui), Saúl Ortega (Carabobo) y Cilia Flores (Distrito Capital), entre otros.
“Ahora puede ser cualquier persona en una lista cerrada, opaca, que intentará aprovecharse de esta situación usando un partido de portaavión”, añadió Ramírez.
Nuevo sistema político
De acuerdo con Carmen Beatriz Fernández, consultora política y analista de temas electorales, los cambios a las normas electorales impuestos por el CNE pretenden dibujar un nuevo sistema político en el que el poder dominante escoja a voluntad quiénes pueden ser sus adversarios.
La experta señaló que otro punto grave en que la mayoría de los diputados sean elegidos por voto lista es que se parte de una decisión a destiempo. “Dar mayor proporcionalidad al sistema de por sí no es malo, lo malo es que lo hagas unilateralmente, sin amplios consensos sobre las reglas definidas en el sistema electoral”, dijo.
Así pues, candidatos con escaso reconocimiento en sus regiones o sin trayectoria política podrían asegurarse una silla en el Parlamento para el período 2021-2026, pues el sistema de representación proporcional o método D’Hont tiende a premiar al partido político por encima de los votos a favor de individualidades, explicó Fernández.
Ramírez y Fernández coinciden en que con esta modificación, el organismo que preside la exmagistrada Indira Alfonzo beneficia a la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) pues se asegura la sustitución del liderazgo político regional al desarrollar una contienda sin toldas que representen a las fuerzas políticas más importantes de la sociedad. Además, la normativa impide a los ciudadanos votar tanto por un diputado nacional como por un partido regional, contraviniendo el espíritu de representación de toldas minoritarias, ordenado por la Sala Constitucional.
De acuerdo con datos del CNE, un total de 107 organizaciones políticas están habilitadas para postular candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. De esta cifra, 28 corresponden a partidos nacionales, 53 a regionales, 6 a organizaciones indígenas nacionales y 18 a organizaciones indígenas regionales.
Sin embargo, tres partidos del denominado G4 (Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular) y dos afínes al oficialismo (Tupamaros y Patria Para Todos) fueron intervenidos a golpe de sentencias del TSJ que impusieron directivas paralelas, todas a favor de participar en los comicios finales de año. “Se usó el brazo judicial del Estado como un apéndice de Maduro para construirse una oposición a la medida”, aseveró Fernández.
Ramírez, por su parte, considera que todos estos elementos generan la ilusión de que puede haber una amplia representación de las minorías, aunque para que estos partidos logren relativa oposición frente al chavismo, necesitarían asociarse en pro de alcanzar cocientes necesarios para obtener más diputados. “Aun así, puede que al final solo acompañen esa comparsa y queden por fuera”, puntualizó el analista político.
