La aplicación recibió al menos 21 denuncias de acoso laboral, amedrentamiento puerta a puerta, traslado de personas en autobuses del Estado y hasta llamadas telefónicas de altos funcionarios gubernamentales.
Odell López Escote
El Inces, Saren, Ministerio de Educación y las organizaciones comunales de control social amenazaron y amedrentaron este 6 de diciembre en varios estados de Venezuela. De frente y sin tapujos les exigieron a los ciudadanos que fueran a votar, porque de lo contrario se quedarían sin cualquier tipo de beneficio social de los que reciben y hasta sin empleo.
Transparencia Venezuela documentó al menos 21 denuncias en varios estados del país de personas siendo amenazadas, pero que además se sentían intimidadas porque veían cerca de sus casas o cerca de los centros de votación, los puntos rojos chavistas pasando lista a través del escaneo del carnet de la patria.
El estado con más incidencias fue Nueva Esparta, en el que la operación remolque se activó en los municipios: Marcano, Díaz, Mariño, entre otros. En el centro de votación Centro de Educación Inicial de Juan Griego un ciudadano denunció el traslado de personas en un Malibú blanco. Pero como el carro quizás no era lo suficientemente grande para llevar a más de cuatro electores, esta persona también denunció que estaban buscando motos disponibles para remolcar a personas hasta el CEI.
En la Casa Integral del Consejo Comunal Campomar, en Manzanares II otro denunciante aseguró que varios grupos de personas estaban anotando en una lista a los electores, pero lo que más le preocupó a este ciudadano que envió su reporte a Transparencia Venezuela fue que ninguno de los denunciados cumplía con medidas de bioseguridad.
En la misma zona, también se denunció que unidades de transporte de la estatal Bus Margarita estaban trasladando a votantes.
Al otro extremo del país, en Mérida, los ciudadanos denunciaron que trabajadores del Inces recibieron una llamada de sus jefes, para obligarlos a ir a votar. La práctica pareciera común en los andes venezolanos, porque en Trujillo ocurrió lo mismo dos veces, pero con una persona que trabaja en el Saren y con otra empleada del Ministerio de Educación.
De nuevo en Mérida, directivos de Protección Civil de la entidad pidieron un archivo de Excel con las cedulas de los funcionarios que habían ido a votar y además exigieron a sus subalternos que actualizaran la data cada tres horas, según hace constar en otra denuncia.
En el Barrio Villas de Nazareno del estado Lara, militantes chavistas pasaron casa por casa amenazando a los habitantes de la zona con quitarle las bolsas Clap a quien se abstuviera de votar. Tras llamado, estas personas buscaron un vehículo para trasladar a los residentes del sector. En el sector La Florida, del mismo estado, los militantes rojos aseguraron que quien no fuera a votar, no recibiría más los bonos del carnet de la patria.
De Yaracuy se sabe, según estas incidencias, que el gobernador Julio León Heredia llamó a sus simpatizantes a desplegar puntos de control de las UBCh en los centros electorales para hacer el control del día: quién votó y quién no.
En la misma línea, José Mujica, alcalde del municipio Independencia de esa entidad, llamó a sus simpatizantes a buscar gente para votar y les recordó que ellos tenían los recursos necesarios, como gasolina por ejemplo, para llevar a los votantes a donde deban ir a sufragar, según reza en otra incidencia.
Transparencia también recibió una denuncia de Caracas. En el sector Queseras del Medio de la UD4 de Caricuao, denunciaron la permanencia de puntos rojos en la zona con personal afín al Psuv que escaneó carnets de la patria, para verificar si las personas ya habían votado.
