El informe de Venezuela Documenta revela que la mayoría de los centros observados funcionaron correctamente y cumplieron con algunas medidas de bioseguridad, pero también muestra un alto porcentaje de irregularidades por parte de partidos políticos
Valentina Gil
La plataforma Venezuela Documenta publicó un documento con sus observaciones sobre el simulacro electoral del domingo 10 de octubre. El proyecto fue creado de cara a las elecciones parlamentarias de 2020 y está conformado por la Red Electoral Ciudadana, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Voto Joven, Sinergia, Dale Letra y Diálogo Social.
Durante la jornada electoral, fueron evaluados 69 centros repartidos en 19 entidades federales, 38 municipios y 59 parroquias. En total, se recopilaron 97 reportes, siendo Cojedes la entidad con la mayor cobertura (13), seguido de Guárico (11) y Mérida (9). En cambio, en regiones como Yaracuy, Vargas, Aragua y Bolívar solo se recogió un reporte.
Según el informe, el 96% de los centros electorales funcionó correctamente a lo largo del simulacro, mientras que el 4% restante no estaba activo. Asimismo, el 78% de la muestra tuvo una constitución correcta y completa de miembros de mesa.
Respecto a los protocolos de bioseguridad, se aplicó alcohol y gel antibacterial en el 78% de los centros de votación. De igual modo, el correcto uso de las mascarillas estuvo presente en el 68% de los centros observados.
Sin embargo, los resultados no fueron tan favorables en cuanto a desinfección de la maquinaria y el distanciamiento social. El 70% de la muestra no cumplió con el protocolo de desinfección y en el 59% de los puntos electorales no se respetó la distancia preventiva.
Por otro lado, solo en el 52% de los centros dieron una inducción sobre el correcto funcionamiento de la nueva maquinaria electoral, mientras que en el 89% de los mismos permitieron usar las máquinas a modo de práctica.
Sobre las irregularidades, el informe muestra que en el 91% de los centros se observó un comportamiento ilícito por parte de partidos políticos. El 37% recurrió al uso de recursos públicos, el 27% hizo actividades proselitistas, el 22% adelantó su campaña electoral y un 9% incurrió en prácticas clientelistas.
Por último, los observadores registraron casos de intimidación y amenazas hacia los ciudadanos en el 29% y 6% de los centros, respectivamente. En el 65% restante no se reportaron incidentes.
