Es falso que la misión de observación internacional de la UE solo viniera a “mirar” las elecciones del 21N, como sugirió el presidente de la asamblea oficialista. Bajo una autorización excepcional del CNE, la comitiva extranjera tenía competencias para elaborar informes públicos, valorar el acto electoral y reunirse con la prensa y actores de la sociedad… aunque ciertas condiciones aplicaban
La presencia de 130 observadores de la Unión Europea introdujo un matiz diferente a las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021: era considerada la primera misión internacional realmente independiente que se ocupaba de esos menesteres en 15 años (ONG Human Rights Watch).
Escuchemos lo que declaró Jorge Rodríguez, presidente del parlamento elegido el 06/12/2020, durante la jornada del acto electoral (21/11/2021):
“Respecto a la observación electoral, que no es solamente la Unión Europea, son más de 300 observadores que vienen del mundo entero: vienen de África, de organismos electorales de este continente americano, de Asia, de Turquía, viene una muy nutrida representación de Rusia, viene el Centro Carter también, está aquí el panel de expertos de Naciones Unidas. Y está también una misión de observación de la Unión Europea. Yo digo como en el dominó: los mirones son de palo. No tienen nada que decir ni nada que hacer la veeduría y la observación. Bueno, vienen a cumplir con la misión que les fue encomendada y bajo la atención de un convenio que firmó con el Consejo Nacional Electoral (…), los invito, firmó un convenio en ese sentido y en todas partes del mundo los observadores, los mirones, son de palo. Vienen y eventualmente nosotros esperamos que constaten lo que toda Venezuela está ratificando, que Venezuela tiene un sistema electoral de los mejores del mundo entero y que además es un pueblo y un país que ama la paz y la democracia”
¿Es cierto que “los mirones son de palo”, como afirmó Jorge Rodríguez el 21/11/2021 sobre el papel de observadores internacionales como los de la Unión Europea en las elecciones regionales? ¿Y que no tenían “nada que decir ni nada que hacer”? No, es falso. La declaración desvirtúa las atribuciones de estos observadores, que ciertamente no viajaban solo a Venezuela a “mirar”.
¿Qué dicen las leyes, reglamentos, resoluciones y acuerdos que conocemos?
Antes que nada, hay que decir que la observación internacional versión 2021 enfrentó su propio laberinto jurídico, como alertó un comunicado de la ONG Súmate (06/10/2021). La vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009) nada dice de este tipo de misiones. Tenemos que acudir al Reglamento de la Ley (2012), que en su título XIV solo acepta “acompañadores internacionales”, una categoría más limitada que la de observadores.
El CNE que organizó las regionales del 21N, en lugar de modificar el reglamento acudió a una resolución (la No. 210930-0078) del 30/09/2021 que validaba un acuerdo administrativo entre el CNE y la misión de la UE.
Entonces todavía estaba abierto un proceso de negociación con mediación internacional entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que el primer actor suspendió indefinidamente tras la extradición de Alex Saab a EEUU (16/10/2021).
Con licencia para…
Más allá del enredo legal, veamos algunas de las competencias de la misión de observación de la UE, que forma parte de los más de 300 veedores provenientes de 55 países, establecidas en el acuerdo administrativo hecho público:
- Los integrantes de la Misión “tendrán libre acceso a todos los partidos políticos, candidatos, funcionarios electorales y testigos de las organizaciones con fines políticos. La misión tendrá libre acceso a todos los actores que integran la sociedad venezolana“
- “La Misión de Observación Electoral de la UE, a través de su portavoz, podrá compartir públicamente su valoración del proceso electoral en el momento que considere oportuno, acción de la cual informará con antelación a las autoridades del CNE, absteniéndose de afectar el normal desenvolvimiento de la actividad electoral”
- “La Misión de Observación Electoral de la UE podrá comunicarse con la prensa y celebrar ruedas de prensa, cuando proceda, a fin de hacer declaraciones públicas y de presentar sus informes fundamentales sobre el proceso electoral, de lo cual informará con antelación a las autoridades del CNE, garantizando, en todo momento, no interferir con el buen desenvolvimiento del proceso electoral y absteniéndose de emitir pronunciamientos que puedan influir en la voluntad de los electores”
- “El Jefe de la Misión presentará el informe final de la Misión de Observación Electoral, incluidas sus recomendaciones al CNE y públicamente a la población de la República Bolivariana de Venezuela entre uno y tres meses después de la jornada electoral. La Misión de Observación Electoral decidirá cuándo hacer público el informe final de la Misión, dando previo aviso a las autoridades competentes del Estado venezolano”
Tanto el 19 de octubre de 2021 como en el día de las elecciones, la vocería de la misión de la UE anticipó la presentación de ambos informes: uno dos días después de la votación (martes 23/11/2021) y otro final en febrero de 2022.
Esta es una de las diferencias cruciales de la figura del observador internacional con respecto al “acompañamiento internacional” (previsto en el Reglamento de Ley), que solo acepta “la presentación, ante el CNE, de un informe escrito y confidencial” (artículo 488).
Los resultados
Misiones de observación internacional como la de la Unión Europea, autorizada por el CNE con una resolución excepcional para las elecciones regionales de Venezuela en 2021, tenía más atribuciones que ser una simple “mirona de palo”, como sugirió Jorge Rodríguez, vocero de la asamblea oficialista.
Podía reunirse con “todos los actores” de la sociedad venezolana con los que requiriese hacerlo, declarar a los medios de comunicación, presentar informes públicos —que se darían a conocer el 23/11/2021 y en febrero de 2021— e incluso hacer valoraciones de las elecciones.
Aunque ciertas condiciones aplicaban: avisar con antelación de estas acciones al CNE —lo que no equivalía a pedir permiso—, no influir en las decisiones de los electores y tampoco interferir en las competencias del CNE.
