Control Ciudadano: Disminuye presencia de militares en gobiernos regionales tras el #21N

Para el período 2013-2017, la participación de gobernadores provenientes de las Fuerzas Armadas fue de un 52%. La cifra disminuyó al 30% en el período siguiente (2017-2021) y actualmente es del 17%

Valentina Gil

La ONG Control Ciudadano reportó que solo el 17% de los gobernadores electos en los comicios regionales del 21 de noviembre pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Los militares que resultaron electos fueron: el almirante Adolfo José Pereira Antique, en el estado Lara y el almirante Gilberto Pinto, en el estado Sucre. En el estado Trujillo el capitán del Ejército Gerardo Alfredo Márquez y en el estado Yaracuy, el capitán de la Aviación Julio César León Heredia. Ambos participaron en las intentonas golpistas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, respectivamente.

Igualmente, la almirante Carmen Meléndez fue electa alcalde del municipio Libertador (Distrito Capital). Este es uno de los cargos de elección popular más importantes del país, pues allí están ubicadas las sedes de los poderes públicos.

Actualmente, seis gobernaciones son ocupadas por militares. El mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Justo Noguera Pietri, está en Bolívar. El gobernador de Yaracuy es el capitán Julio León Heredia, de la Aviación Militar Bolivariana, mientras que el de Lara es el almirante Adolfo Pereira.

Asimismo, del Ejército Bolivariano tenemos al coronel Ramón Carrizales y al general en jefe Henry Rangel Silva en Apure y Trujillo, respectivamente, al igual que el coronel José Manuel Suárez en La Guaira.

La gobernación de Aragua también estuvo ocupada por Rodolfo Marco Torres, mayor general del Ejército. Sin embargo, renunció en agosto de este año y asumió como ministro para la Atención de las Aguas. Fue sustituido por Daniela González Coviella.

Por su parte, José Manuel Suárez ocupaba la gobernación de La Guaira desde mayo de 2021. Asumió el cargo luego de la muerte de Jorge Luis García Carneiro, también militar general en jefe. Suárez resultó electo este domingo 21 de noviembre.

De igual modo, Adolfo Pereira, quien también fue electo en las regionales de este año, sustituyó a Carmen Meléndez como gobernador de Lara en octubre del 2020. La almiranta renunció al cargo para ser ministra de Interior, Justicia y Paz.

El problema de la militarización del ejercicio del poder

Desde las regionales 2013, Control Ciudadano ha documentado la presencia de militares al frente de las gobernaciones, la cual ha disminuido en los dos últimos procesos electorales. 

En el período de gobierno regional 2013-2017, la participación de gobernadores provenientes de la FANB fue de un 52%. Dicha cifra bajó al 30% en el período 2017-2021, mientras que para el actual (2021-2025) es del 17%.

Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, considera que:

“La presencia de militares al frente de las gobernaciones es un dato importante que permite monitorear esquemas de militarización de la administración del Estado.  Los efectivos de la FANB cuando asumen cargos públicos de naturaleza civil generalmente reproducen esquemas de militarización y colonizan la estructura de gestión, con un número significativo de efectivos militares.  Esto es negativo”.

No obstante, San Miguel señala que con la disminución de la presencia de militares en gobiernos regionales, los comandantes de las REDI y de las ZODI pasan a ejercer una tutela militar indebida sobre las competencias de las gobernaciones.

“Esto también es negativo, especialmente en los estados fronterizos del país, con mayor énfasis aún, si son dirigidos por gobernadores opositores al gobierno central, como es el caso de lo que sucederá, para el periodo  2021-2025, con los gobernadores de Nueva Esparta y del Zulia, Morel Rafael Rodríguez Ávila y Manuel Rosales”. 

La presidenta de Control Ciudadano lamenta que el control de los militares sobre la administración pública nacional aún sea un tema por atender en Venezuela. A su juicio, las competencias de los gobernadores y alcaldes electos deben respetarse, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.