El reporte subraya que aumentaron las amenazas, la violencia física y las restricciones institucionales; considera que hay mayor persecución política y un patrón claro de ataques a sectores políticos y de la sociedad civil que ponen en riesgo la integridad de las elecciones de 2024
Ibrahim López Piñero
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) asegura que la crisis estructural sostenida que atraviesa Venezuela mantiene y agudiza graves restricciones a los derechos civiles y políticos de cara las elecciones presidenciales programadas para el segundo semestre de 2024. En su más reciente informe sobre el derecho a la participación en el país advierte que la inestabilidad institucional acelerada por el cambio de gestión extemporáneo e injustificado del Consejo Nacional Electoral (CNE) reitera la falta de garantías, los criterios partidistas y resta credibilidad a un sistema ya debilitado.
“A pesar de ser inconstitucionales, las inhabilitaciones administrativas siguen siendo ejecutadas por la Contraloría General de la República de forma unilateral y sin mediación de un proceso judicial legítimo. El Estado admitió haber aplicado este mecanismo arbitrario en al menos 58 casos entre 2015 y 2021, la mayoría a militantes de partidos de oposición, real o percibida, lo que da cuenta del carácter sistemático de una política hacia un sector específico de la población para limitar su derecho a la participación”, indica la investigación titulada País preelectoral: siguen violaciones a los derechos civiles y políticos.
EL CDH de la UCAB destaca que para ser legítimos los procesos electorales exigen una serie de condiciones mínimas en materia de derechos humanos como la protección efectiva de otros derechos y libertades vinculados que a su vez permitan validar esa elección futura. Destaca el reporte que el Estado venezolano y sus funcionarios han intensificado de manera progresiva, con prácticas, medidas y políticas, los esquemas de represión a nivel institucional, administrativo y penal sin abandonar del todo el abuso de la fuerza al aplicar tortura, malos tratos y desapariciones forzadas selectivas.
“Al mismo tiempo, esquemas estructurales como la falta de independencia de los poderes públicos afectan gravemente cualquier iniciativa que a través del ejercicio de derechos humanos, en este caso civiles y políticos, cuestione de fondo la preservación incondicional del poder político en el país. En este sentido se plantea que mientras tales condiciones estructurales restrictivas no varíen o retrocedan en los próximos meses, la integridad del proceso electoral para el 2024 está en riesgo”, señala.
