El vicepresidente del PSUV aseguró que la cifra de participación reportada por la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) fue de 10 millones de personas y reiteró que ningún dirigente de la oposición con inhabilitación administrativa de la Contraloría General de la República participará en la elección presidencial de 2024
Ibrahim López Piñero
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020, saludó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anula la elección primaria y ordena la entrega de todo el material utilizado en el proceso. En la rueda de prensa semanal de esa organización política, desestimó que se tratara de una judicialización e ironizó afirmando que la oposición inhabilitó a sus mismos candidatos.
El diputado del PSUV enfatizó que los supuestos delitos cometidos por quienes participaron en la elección primaria y la CNdP agregarán años a las inhabilitaciones políticas existentes. “Inhabilitaciones firmes de 15 años. Y ahora todo esto que están haciendo se le suma. Después no vayan a chillar, pero todo lo que están haciendo al cometer este tipo de delitos se le suma. Hay personas que están inhabilitadas moralmente para ejercer cargos públicos”, amenazó.
Cabello aseguró que la administración de Nicolás Maduro advirtió con suficiente antelación a la oposición que la elección primaria era un proceso ilegal y minimizó nuevamente la participación. “No hablan más de números, de nada. Se les cayó ese argumento, ahora van a que están perseguidos, que nadie va a inhabilitar a diez millones de venezolanos que votaron, porque ahora dicen que votaron diez millones”.
El parlamentario también negó que se haya violado el acuerdo de Barbados y reiteró sus acusaciones sobre un supuesto fraude que incluyó usurpación de identidad en la elección celebrada el pasado 22 de octubre. «Nosotros estamos muy claros y ese acuerdo es muy pero muy claro. Quienes están violando eso son los opositores cuando están haciendo una cosa que es una ilegalidad porque se refiere a la necesidad de respetar la Constitución y las leyes de Venezuela además de las instituciones».