En medio de la incertidumbre que caracteriza el contexto político ya desde el arranque de 2024, y en concreto lo que corresponde al ámbito electoral, partidos que integran la Plataforma Unitaria Democrática comienzan a presionar a la administración de Nicolás Maduro y al CNE que preside el excontralor Elvis Amoroso, para definir el escenario electoral de un año crucial
El Pitazo / Jesús Abreu
2024 es un año de definición del rumbo político de Venezuela. Así lo asumen los partidos de la oposición mayoritaria en torno a la Plataforma Unitaria Democrática, que comienzan a presionar y exigen al Consejo Nacional Electoral (CNE), y al gobierno de Nicolás Maduro, que defina el cronograma electoral y la fecha de las elecciones presidenciales que, por mandato constitucional, deben ocurrir este año.
El miércoles 10 de enero, el partido Primero Justicia se sumó a la exigencia de otras organizaciones políticas opositoras para comenzar a definir el contexto electoral de 2024, en medio de otras incertidumbres no menos importantes vinculadas con una contienda electoral crucial en la que la oposición aspira a concretar el inicio de una transición.
«Exigimos fecha porque los venezolanos tenemos que saber qué día y en qué mes van a darse las elecciones este año. Tenemos que empezar a trabajar para poder ejercer libremente nuestro voto, construir el camino electoral y madurar una campaña electoral de cambio», dijo el vocero de Primero Justicia, Ángel Medina.
Como Primero Justicia, los partidos Voluntad Popular y La Causa R también exigen la definición del cronograma electoral y la fecha de las elecciones presidenciales que deberían ocurrir en el segundo semestre de 2024, de acuerdo con lo acordado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición mayoritaria en Barbados.
«El CNE no puede seguir demorando la convocatoria del proceso electoral presidencial. Por eso exigimos un cronograma electoral ya», sostuvo esta semana el dirigente nacional de La Causa R, Andrés Velásquez, en medio de la jornada de protesta nacional de diversos sectores laborales.
Por Voluntad Popular, Juan Guaidó reiteró también la necesidad de exigir en unidad la definición del cronograma electoral que fije una fecha para las elecciones presidenciales.
«Maduro se sabe sin respaldo popular. Maduro la utiliza (la fecha) como ficha de canje, como extorsión incluso a la comunidad internacional, cuando hablamos del acuerdo. No tenemos que esperar para todos juntos exigir un cronograma de elecciones y lograr organizarnos», apuntó Guaidó en un video difundido en sus redes sociales.
La fecha y las negociaciones
Los partidos y figuras de la oposición mayoritaria, así como organizaciones sociales, exigen que el ente comicial defina la fecha de las elecciones, pero en paralelo se desarrolla una negociación política mediante la que se espera una definición sobre la habilitación de la candidata presidencial unitaria, María Corina Machado, que incluye la participación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya instancia no se ha pronunciado acerca de la revisión de las inhabilitaciones en el contexto del acuerdo de Barbados.
«Tener un cronograma va a permitir saber en qué momento los candidatos y candidatas se van a poder inscribir. Si sabemos cuando se van a inscribir los candidatos, tendremos una fecha para que el TSJ se pronuncie sobre las inhabilitaciones», añadió Medina.
Sin certezas o claridad sobre lo que está dispuesto a permitir el oficialismo acerca de la candidatura presidencial unitaria de Machado, tras su contundente victoria en la Primaria del 22 de octubre, tampoco hay avances en ninguno de los 13 puntos en materia electoral incluidos en los acuerdos de Barbados y que el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera clave, sobre todo en lo vinculado con el Registro Electoral.
«Esta exigencia no es un capricho. Hay 3.000.000 de jóvenes que no están inscritos y una cantidad enorme de venezolanos que quieren actualizar sus datos. Un cronograma electoral es lo que permitirá conocer cómo, cuándo y dónde se van a realizar todos los procesos que se acordaron en Barbados, especialmente en el punto sobre la ejecución de la actualización del Registro Electoral», agregó Medina en el pronunciamiento del miércoles.
La incertidumbre venezolana
Este año en la región, así como en Centroamérica y Norteamérica, de acuerdo con el calendario electoral que repasa la organización Transparencia Electoral, están pautadas elecciones generales en Brasil, Chile, Uruguay, República Dominicana, Panamá, El Salvador, México y Estados Unidos. En los ocho países hay certezas sobre sus respectivas elecciones. En Latinoamérica, Venezuela -por su crisis política- es la excepción.
El OEV, tras la designación del nuevo directorio del CNE por parte del Parlamento oficialista a mediados de agosto del año pasado, advirtió sobre el desafío del ente comicial, que ahora preside el excontralor Elvis Amoroso, y que tendrá que organizar el ciclo electoral para la renovación de todos los los cargos de elección popular en el bienio 2024-2025.
En Venezuela, entre 2024 y 2025 se deberá votar para escoger presidente de la República, 277 diputados a la Asamblea Nacional, 23 gobernadores, cerca de 250 legisladores estatales, 335 alcaldes y casi 2.500 concejales municipales.
En 2023, el OEV destacó como el primer y más urgente reto para el CNE la actualización del Registro Electoral.
«La administración electoral es, mundialmente, una de las 11 dimensiones que componen los índices de integridad electoral a través de los cuales son evaluados y observados los procesos electorales. El árbitro debe ser un ente imparcial encargado de hacer cumplir las reglas de juego y llevar a cabo votaciones libres, universales directas y secretas», apuntó el OEV el pasado mes de agosto, a propósito de la designación de un nuevo CNE.
