Después de que más de 20 países desconocieran su mandato en 2018, Maduro espera ganar una segunda reelección de forma consecutiva este #28Jul de 2024
Este 20 de mayo de 2024 Nicolás Maduro celebró en sus redes sociales el sexto aniversario de su presunta reelección presidencial, comicios que tuvieron la participación ciudadana más baja de una elección similar hasta la fecha (con menos de 9.300.000 votantes), y que además estuvieron ensombrecidos por el desconocimiento de la comunidad internacional (entre ellos la Unicón Europea, Estados Unidos y Canadá) y el rechazo de la Asamblea Nacional de ese momento, de mayoría opositora.
«Hace seis años el pueblo confió en mí para seguir conduciendo el país en un contexto de agresiones externas, desconocimiento del sistema político bolivariano y boicot de la derecha»,expresó Maduro en su cuenta de X (Twitter).
Ese 20 de mayo de 2018, Maduro obtuvo 6.248.864 votos (67,84 %), sobre su principal contrincante, Henri Falcón, quien recibió 1.927.958 (20,93 %) votos, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). En esos comicios, la oposición formal decidió no participar tras denunciar que el gobierno no ofreció garantías de transparencia y equidad de condiciones, lo que llevó a que los resultados fueron desconocidos por decenas de países y derivó en enero de 2019 en la instalación de un gobierno interino presidido por Juan Guaidó.
Según organizaciones como Provea, en una década de gobierno de Maduro se han registrado al menos 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. En el mismo periodo, al menos 10.085 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad –la mayoría de estos casos continúan sin ser investigados- y, de acuerdo con cifras recabadas hasta 2023, solo el 16% de los hogares consume una cantidad suficiente de alimentos y 45,2% de la población está en inseguridad alimentaria.
Sin embargo, pese a las presiones internacionales y la emergencia humanitaria compleja en el país, el gobierno de Maduro sigue en pie y con la esperanza de ser reelegido por segunda vez consecutiva en las elecciones del próximo 28 de julio de 2024. En Runrun.es hacemos un resumen regresivo de lo que ha sucedido en estos últimos seis años en el país.
2024: arrecia la persecusión
En lo que va de año, al menos siete dirigentes del partido opositor Vente Venezuela -liderados por la principal representante de la oposición, María Corina Machado- están detenidos sin un debido proceso judicial. Al menos otras nueve personas, entre ellas también dirigentes políticos, están presas por la publicación de mensajes críticos al gobierno madurista, según la ONG Espacio Público, sin que se les garanticen sus derechos procesales.
En pleno año electoral, seis dirigentes de Vente Venezuela tuvieron que pedir refugio en la embajada de Argentina tras emitirse órdenes de captura en su contra. El pasado 16 de mayo, el gobierno madurista anunció su negativa de aprobar un salvoconducto a los seis dirigentes de Vente Venezuela para garantizar sus derechos humanos, civiles y políticos.
La persecución política madurista ocurre mientas el mandatario lleva más de 680 días sin aumentar el sueldo mínimo base para todos los trabajadores, reduciendo el ingreso mensual del venezolano a los 4 dólares. Los más afectados por esta medida son los pensionados, que no reciben beneficio de ticket alimentación y que solo perciben una fracción de bono de guerra económica, por lo que el gobierno madurista creó una ley de protección de pensiones para que sean los empresarios quienes, a través de un nuevo tributo, mejoren el ingreso mensual de este sector de la población.
Además de este panorama de persecución y mermado ingreso económico de los trabajadores, jubilados y pensionados, dos proyectos de ley amenazan el espacio cívico y la libertad de expresión: la ley de fiscalización contra las ONG y la ley antifascismo.
2023: comenzó la “purga madurista”
Aunque las detenciones de los miembros del gabinete de Nicolás Maduro comenzaron en marzo de 2023, no fue hasta el 9 de abril de 2024 que se concretó la detención del principal responsable de un presunto desfalco de más de 35 millones de dólares: Tareck El Aissami, exministro del petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y aliado en el pasado de Maduro.
Según los reportes de Runrun.es, un tercio de los nuevos cargos asignados en ministerios y empresas estatales en el marco de la purga madurista son cercanos a Maduro o a los hermanos Rodríguez, quienes ostentan actualmente la vicepresidencia y la presidencia del Poder Legislativo.
El madurismo ha estirado la arruga para investigar la verdadera magnitud del desfalco y cómo recuperarlo, pero no para hacer nuevos señalamientos, como los que enfilaron contra el del grupo de periodistas de ArmandoInfo, quienes fueron unos de los primeros en dar a conocer los casos de corrupción en lo que hoy se conoce como el caso «Pdvsa-Cripto». Según la versión del gobierno, los miembros del medio denunciante son parte de ese desfalco.
2022: la migración por el Darién sigue siendo protagonizada por los venezolanos
Uno de los signos de este segundo período de Maduro ha sido el aumento de la migración venezolana hacia destinos como Estados Unidos, pero no por vía aérea sino a través de peligrosos pasos como el Darién y el Río Bravo.
Desde el año 2022 los gobiernos de Panamá, México y Estados Unidos están registrando cifras récord todos los semestres de migración venezolana. En 2022, uno de cada diez migrantes que llegaba a la frontera con Estados Unidos se reconocía como venezolano; ahora, en 2024, uno de cada cuatro migrantes que llega a Norteamérica es venezolano.
Y es que las condiciones de la crisis humanitaria compleja se mantienen. Recientemente, la ONG Cepaz agregó «la persecución por motivos políticos» como un factor adicional del éxodo venezolano que no se había registrado desde el 2022 hasta ahora, debido a las más de 34 detenciones arbitrarias que lleva acumulando el madurismo por presuntos hechos de «traiciones a la patria» e «intentos de magnicidio».
2021: Pico pandémico, colapso, muertes y desastrosa gestión de las vacunas
El número oficial de decesos por COVID-19 en el país se sitúa actualmente en 5.856, de acuerdo con datos compilados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, organizaciones médicas y científicas alertaron sobre un subregistro, así como que la cifra no reflejó el verdadero impacto de la pandemia en la población, oculto tras un velo de opacidad en el manejo y reporte de las estadísticas internas por parte del gobierno de Venezuela a organismos internacionales.
La compra, distribución y puesta en marcha de las campañas de inmunización contra el Covid-19 fue errática e ideologizada: Venezuela autorizó el uso de cloroquina —cuyo uso para el tratamiento contra el Covid-19 probó ser inefectivo— y adquirió vacunas en etapa experimental a sus aliados, China y Rusia, cuando no habían culminado la fase 3 de los protocolos clínicos.
La polarización y pugna entre grupos políticos también fue un signo de la pandemia. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, había aprobado en marzo 30 millones de dólares para la compra de vacunas AztraZeneca, desarrolladas en Oxford, Reino Unido. Pero rápidamente la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que no se otorgarían los permisos necesarios para su uso en el país.
La politización de los mecanismos de protección a la población se hizo evidente: se rechazaron miles de dosis de vacunas con eficacia probada, mientras el gobierno anunciaba también la llegada y pruebas con dosis en etapa experimental desarrolladas en Cuba para estudios clínicos. La cifra de decesos y vacunas adquiridas sigue siendo un enigma.
2020: compra de diputados
El Estado enfermó aún más el Poder Legislativo entre el 5 y 7 de enero del 2020. Tras un nombramiento «de facto» con el propósito de desmontar el interinato de Guaidó, Luis Parra se juramentó como el presidente de la Asamblea Nacional (AN), apoyado por del Gran Polo Patriótico, mientras que varios periodistas y dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos el propio Guaidó, trataban de saltar las barricadas humanas de la Guardia Nacional Bolivariana en los alrededores del Palacio Federal Legislativo.
Días después de ese evento, el gobierno de EEUU incluyó a Parra a la lista de sancionados y Guaidó tomó juramento para un próximo período como presidente de la AN en la sede del periódico El Nacional.
Meses después, el portal ArmandoInfo reveló que Parra, junto con otros cinco antiguos parlamentarios de la oposición, fueron «sobornados» o «comprados» por el gobierno madurista para retomar el Poder Legislativo. Después instauraron una Asamblea Nacional Constituyente que no modificó la Carta Magna del país y luego volvieron a instaurar una Asamblea Nacional de mayoría chavista-madurista que se mantiene en la actualidad.
2019: el año de la oscuridad
El desconocimiento internacional al segundo mandato de Nicolás Maduro tras los comicios presidenciales adelantados de 2018, calificados de inconstitucionales por la comunidad internacional, propició una serie de eventos políticos que desembocaron en la juramentación del diputado Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019.
Llegó así el mes de marzo de un atropellado año en donde la oscuridad se apoderó del país por varios días. Los venezolanos sufrieron megapagones el 7 de marzo (duró entre cinco y siete días), el 25 de marzo y el 29 de marzo (cuatro días de duración) que dejaron en evidencia el colapso del sistema eléctrico, aunque la tesis del gobierno de Maduro fue nuevamente la de un “sabotaje técnico y cibernético”. Fueron días de angustia, de ciudadanos desesperados por la conservación y procura de alimentos, de pacientes muriendo en hospitales por las fallas generalizadas del suministro eléctrico (según Médicos por la Salud, al menos 17 personas fallecieron solo en el primero de los apagones, el más largo de todos).
Actualmente, el servicio eléctrico en Venezuela se mantiene deficiente: hay cortes diarios de al menos tres horas en los estados alejados a Caracas. Según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el 54,7 % de una población encuestada en 12 ciudades del país reporta cortes eléctricos todos los días.
2018: el desconocimiento internacional
El 20 de mayo del 2018 se celebró la “megaelección” (que incluía las presidenciales, de forma adelantada) que carecía de garantías electorales por las inhabilitaciones políticas, falta de transparencia, denuncias por los puntos políticos cercanos a los centros electorales y la parcialidad del CNE. Esta situación generó la más alta abstención en la historia de las presidenciales desde la llegada de la democracia a Venezuela.
«La dictadura de Nicolás Maduro ha hecho como se esperaba, llevó a cabo una ‘elección’ ilegítima. Maduro afirma que recibió más votos que el número total de personas que realmente votaron», dijo el antiguo senador de Estados Unidos, Marco Rubio, ante la celebración de esos comicios.
Junto al gobierno estadounidense, Canadá, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay, la Unión Europea, Perú, Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Suiza, entre otros países desconocieron la reelección madurista. Pese a eso, el gobierno de Maduro siguió funcionando y apeló a distintas estrategias para desmontar el interinato de Guaidó. hecho que se concretó a finales del año 2022.
