El gobierno de Nicolás Maduro asegura que tiene el respaldo de la mayoría de la ciudadanía y que en caso de salir del máximo cargo, la oposición acabará con los beneficios sociales. La estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela ha ofrecido bolsas de comida y otros beneficios a funcionarios de seguridad y otros sectores de la administración pública, siempre y cuando acepten integrar un 1×10 y juren que su voto será para el mandatario
Luna Perdomo y Roison Figuera / TalCual
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tiene en la mira a sus bases. En la carrera hacia las presidenciales, convocadas para el 28 de julio, las élites del oficialismo han girado a su militancia y a sus afectos una orden y una advertencia clara: afinar la estrategia del 1×10 para lograr la victoria. Los principales dirigentes del oficialismo resaltan la importancia de participar y los emplaza a armar el 1×10 «sin mentiritas».
El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, expone que «este 1×10 tiene que ser real, aquí no puede haber mentiritas, el 1×10 es un trabajo que hay que venir haciendo» y pide incluir en las listas al menos una persona que jamás haya votado por el chavismo, bien sea un opositor o un abstencionista.
El candidato Nicolás Maduro no asume la victoria por adelantado y solicita a sus seguidores preparar el 1×10 y no confiarse en que el oficialismo tiene la elección ganada.
La orden de captar más votantes para estos comicios ha sido dada en medio de los resultados publicados por distintas encuestadoras, en los que Maduro aparece de segundo con un estimado de 30% de los votos, por debajo de Edmundo González Urrutia, candidato por la Plataforma Unitaria.
Aunque históricamente el 1×10 ha servido al oficialismo para testear su músculo social y asegurarse las elecciones, los últimos procesos comiciales -como el referendo por el Esequibo realizado el pasado 3 de diciembre- han evidenciado que las bases del PSUV han restado su poder de convocatoria y que no todos los que son incluidos en estas listas, que son hechas por trabajadores de la administración pública o jefes comunitarios, son realmente votos duros.
Carmen Liendo*, trabajadora del Ministerio de Obras Públicas, armó su 1×10 con parientes que aseguran ser opositores. A todos les dijo que finjan ser un voto seguro para Nicolás Maduro cuando se les llame desde la sala situacional para verificar la información.
Liendo, de 39 años de edad, explica a TalCual que el procedimiento consiste en hacer la lista, enviarla a sus superiores, quienes se encargan de remitirla a la sala situacional, desde donde se verificará cada dato.
Carmen Liendo recuerda que para el referendo por el Esequibo tuvieron la misma exigencia, pero califica los listados como «puro protocolo» porque asegura que en estas elecciones hasta su jefa del Ministerio asevera que «va a votar por Edmundo».
A diferencia del referendo por el Esequibo, donde los funcionarios públicos reportaron no recibir mayores presiones, para las elecciones presidenciales se les ha pedido firmar de forma obligada contra las sanciones, registrarse en listados de 1×10 y hasta jurar que su voto será para Maduro.
Señala que en el pasado funcionarios de gobierno llegaron a decir que contaban con una militancia de hasta ocho millones de personas y ahora dirigentes como Diosdado Cabello expresa en sus alocuciones que espera movilizar entre dos y cuatro millones.
Evans dice que en este proceso electoral el oficialismo tiene todos los elementos en contra: una pésima campaña, un mal candidato y números adversos en encuestas que tienen prestigio. Pese a esto, comenta que el Ejecutivo mantiene el discurso de que controla a la mayoría de la ciudadanía y su militancia como estrategia de comunicación.
El analista señala que «ellos siempre, en los períodos electorales, tratan de presentar un proceso autocrítico. El ejercicio de repetir diez veces lo mismo es para que hacer creer a la gente que realmente tienen capacidad de movilización», pero en la realidad «ellos constatan que no es así».
Marilyn Quevedo es líder de calle en su comunidad, ubicada en la Parroquia Carlos Soublette del estado Vargas, también es maestra. Cuenta que al sector educación lo están obligando a armar un 1×10, situación que antes no se había reportado.
Detalla que presentó el mismo listado tanto en su consejo comunal como en el sitio donde trabaja. Resta importancia a las represalias que pueda tomar el Gobierno en su contra, pues trabaja por vocación y no porque el ingreso sea suficiente y dice que el beneficio en las comunidades ha mermado.
Para Nicmer Evans, casos como los antes expuestos se replican por todo el país. Expone que el pasado viernes 31 de mayo, cuando Diosdado Cabello dijo que era mejor un 1×5 real que un 1×10 falso fue una expresión de preocupación, pues una dirigente consentida del PSUV en el estado Zulia afirmó que no estaría más a disposición de la organización por disentir de las políticas.
De manera extraoficial TalCual pudo conocer que ese día, Diosdado Cabello comenzó a llamar a ciudadanos incluidos en sistemas 1×10 en la entidad y se encontró con casos en los que respondían cinco o seis personas y prácticamente ninguno estaba comprometido con el PSUV.
«El desplazamiento en las bases es inocultable, pero ellos tratan de sostener con saliva de loro lo que queda, que especialmente forma parte de los empleados públicos, pero no la base, sino los que viven completamente del gobierno (…), los que ganan más que otros y tienen mayores beneficios. Ahí (en ese grupo) queda una medio estructura que es la que por cierto están en los entornos de la campaña, pero también creemos que está profundamente disminuida», subraya Evans.
El jefe del comando de campaña de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, también pide crear el 1×10 real: «Hermanas, hermanos, tiene que ser un 1×10 de verdad, no una lista hecha en una oficina de un ministerio o de una alcaldía, con una computadora. No, no, es una lista que usted agarra esos 10 y los va a buscar el 28 de julio para que vayan a votar», afirmó.
Prebendas cortesía del PSUV
Desde el partido de gobierno se han ofrecido distintas prebendas como regalos materiales, bolsas de comida y paseos para las personas de la tercera edad, con la clara intención de influir en la decisión del elector y buscar la forma de asegurar votos en estas elecciones que son medulares para que el oficialismo se mantenga seis años más en el poder tras 25 años de mandato.
En una comunidad de El Junquito, municipio Libertador de Caracas, a una familia de cinco integrantes se le ofreció incluir a cada uno en el listado de los beneficiarios de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), con una bolsa para cada uno —cuando siempre han sido excluidos—si juraban y no mentían que el próximo 28 de julio votarán por el actual mandatario Nicolás Maduro.
En otra comunidad rural de Caracas, al oeste de la ciudad, a los beneficiarios del CLAP se le ofreció regalarles láminas de zinc, sacos de cemento, tuberías, donar medicamentos para los adultos mayores, y ante la imposibilidad de reparar el alumbrado público, se han instalado tres lámparas led (insuficientes) para alumbrar las calles que llevan años oscuras ante la desidia gubernamental.
Tras la entrega de estas prebendas, los voceros de los consejos comunales recuerdan a sus beneficiarios que esas medidas serán duraderas en el tiempo siempre y cuando Nicolás Maduro se mantenga en el poder.
Agricultores de El Junquito también han recibido propuestas para créditos, pero estas no se han concretado. Les dijeron que debían esperar estar más cerca de la fecha de la elección. Asimismo ha ocurrido con funcionarios públicos, quienes, en medio de la precampaña, han recibido créditos u ofertas para obtener carros nuevos.
No obstante, funcionarios policiales han indicado que a ellos no se les han ofrecido acceso a vehículos ni créditos, aseguran que las mejores prebendas son solo para los militares.
Para Óscar Murillo, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el mayor obstáculo que tiene el gobierno de Maduro en este proceso electoral es el hecho de que llegó a su techo clientelar, porque no tiene cómo dar prebendas sustanciosas.
Murillo detalla que en las zonas del país donde hay mayor dolarización de facto, hay menor independencia ciudadana del Estado. «Yo creo que el Gobierno no está muy consciente de que llegó a ese techo desde hace mucho rato. Todo lo que es pensiones y ayudas económicas o subsidios directos no supera 70% del ingreso global de un hogar», expone.
Con respecto a las zonas del país donde hay mayor pobreza y vulnerabilidad ciudadana, el representante de la organización defensora de los derechos humanos considera que es un escenario complejo. Por un lado, explica que el Ejecutivo sabe que hay un grupo importante de la población que es susceptible a recibir ayudas debido al nivel de pobreza y considera que en estos espacios, el oficialismo puede recrudecer sus mecanismos de presión.
Óscar Murillo añade que en el interior del país, la organización del PSUV es anárquica y muchos ciudadanos dejaron la política a un lado para dedicarse a resolver la crisis de su día a día a propósito de la escasez, deterioro de los servicios públicos y precariedad de su poder adquisitivo; lo que hace dudar a quienes eran afectos al partido de gobierno a quién darle su voto.
El representante de Provea estima que al menos seis millones de personas, con edades comprendidas entre los 19 y 35 años, están en contra del actual mandatario, pero también están descontentos con el actuar de la oposición, lo que, a su juicio, justifica la petición de Diosdado Cabello de incluir a un opositor en el 1×10.
Murillo ve probable que en la fase de verificación del 1×10 se incremente el discurso del oficialismo para generar miedo en los electores, pero coincide con Nicmer Evans al aseverar que en la actualidad la dependencia de los ciudadanos del Estado es más propaganda, afirma que esta situación dejó de ocurrir hace mucho tiempo y hay poco qué ofrecer.
