Expertos consultados por el Guachimán Electoral consideran que hacen falta los planes de gobierno, programas de prevención a la violencia basada en prejuicios, planes para hacerle frente a la minería ilegal y a la deforestación, propuestas para garantizar los derechos de niños y adolescentes, que vayan más allá de la educación
Valentina Gil
La campaña presidencial termina este jueves 25 de julio. Mediante declaraciones públicas, entrevistas y publicaciones en redes sociales, los candidatos han ofrecido vistazos de sus planes para el país, la mayoría enfocados en la recuperación económica e institucional.
Sin embargo, hay temas que han sido mencionados vagamente o que de entrada no figuran entre las propuestas de los aspirantes a la presidencia. En el Guachimán Electoral conversamos con expertos en materia ambiental, comunidad LGBTIQ+ e infancia y adolescencia, para conocer las necesidades en dichos sectores:
Diversidad e inclusión
Para Richelle Briceño, activista y abogada, los candidatos han olvidado asuntos que hoy son vanguardia en el s. XXI: derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral, la no discriminación ni criminalización de la población LGBTIQ, reconocimiento a la identidad de las personas trans, protección a las familias homoparentales, matrimonio civil igualitario y políticas públicas destinadas a responder a las brechas de desigualdad que viven las perdonas LGBTIQ en situación de vulnerabilidad.
“Son los derechos sustanciales necesarios para proteger la dignidad de las personas LGBTIQ frente a un sistema que históricamente ha negado sus derechos y que, basado en la orientación sexual e identidad de género, los ha colocado como ciudadanos de segunda categoría. Hoy por hoy hay personas LGBTIQ que viven en situación de calle, al ser expulsadas de sus hogares. Muchas otras ni siquiera pueden acceder a un trabajo digno y solo les queda el ejercicio del trabajo sexual para mantenerse (sobre todo el caso de las personas trans y no binarias)”, puntualizó.
A su juicio, los candidatos se han referido a estos temas únicamente en entrevistas, donde son cuestionados desde sus opiniones personales. Pero no están incluidos en sus planes de gobierno.
“Es esencial que haya propuestas de programas de atención para prevenir la violencia y también para atender a las víctimas por violencia basada en prejuicios. Esto va desde promulgar y aprobar una ley anti discriminación integral, que es una tarea de la Asamblea Nacional, pero también requiere que la Fiscalía tenga protocolos libres de discriminación para la investigación de los crímenes en contra de las personas LGBTIQ+”, destaca Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGTIQ+ documentó 461 casos de discriminación o violencias por motivos de identidad y género durante el año 2023. Del total de casos registrados fueron afectadas 394 personas. 5 de ellas fallecieron, aunque el OVV LGBTIQ+ no descarta que hayan ocurrido más casos.
El informe “Voces contra el prejuicio” revela que la mitad de los ataques reportados fueron discursos discriminatorios, con 235 casos (50,98 %). Después están los incidentes discriminatorios con 160 casos (34,71 %), así como los delitos basados en prejuicios por orientación sexual, identidad, expresión de género o diversidad corporal, con 50 casos (10,83 %).
Otro detalle importante es el rol de los perpetradores. El observatorio documentó al menos 573 agresores, en su mayoría hombres o mujeres cis. Casi la mitad eran personas de influencia o en situación de poder (45,99 %). Entonces, al promover y normalizar los discursos de odio dentro del espacio público, aumenta el nivel de agresividad en contra de este sector de la población.
Medioambiente y cambio climático
Diversas organizaciones y activistas ambientalistas han denunciado que hay daños a ecosistemas protegidos, contaminación de las cuencas hidrográficas, proliferación de enfermedades que habían sido erradicadas, invasión de territorios indígenas y expansión del crimen organizado, producto de la minería ilegal. Pese a esto, ha sido un tema obviado por los candidatos, de acuerdo con Alejandro Luy, biólogo y gerente de la Fundación Tierra Viva.
También otra de las preocupaciones en materia ambiental que no se menciona entre las promesas de los aspirantes a la presidencia es la deforestación. La pérdida de bosque en Venezuela entre el año 2000 y el 2020 llegó a las 790.500 hectáreas, según un reporte de SOS Orinoco publicado en marzo de 2023. En abril de este año, Global Forest Watch (GFW) detalló que el país perdió 27.500 hectáreas solo en 2023 0,735 % de la pérdida de bosques a nivel mundial). De esta forma, subió del puesto 25 de países con mayor pérdida de bosques primarios al puesto número 18 entre las 103 naciones que evalúa la plataforma internacional.
En este sentido, el biólogo considera que deberían plantearse políticas de gestión del agua, pues la eliminación de bosques es lo que va a determinar la cantidad de agua en los embalses para riego, consumo humano, etc. Igualmente, cree necesario idear planes para evitar la contaminación de ríos, mares y lagos con aguas servidas.
Luy señala que también son necesarias políticas integrales para el manejo de residuos sólidos. “¿Vamos a seguir manejando la basura como la estamos manejando? ¿Sin que haya la adecuación y la creación de rellenos sanitarios que se manejen con criterios técnicos? En la medida en que sigan existiendo botaderos de basura, hay contaminaciones puntuales de suelos y de aguas que nadie está viendo. Como no lo vemos, no lo olemos, no nos preocupamos”, puntualizó.
Asimismo, el experto ambiental sugiere incluir en los planes de gobierno propuestas que involucren la institucionalidad, de modo que se determine cómo se gestionará la riqueza ambiental del país y los problemas asociados a ella. “¿Qué vamos a hacer con el ministerio de ecosocialismo?, ¿lo vamos a fortalecer?. ¿Vamos a crear un ministerio de desarrollo sustentable? Son temas importantes, porque la diversidad biológica garantiza agua, alimento, fuentes de trabajo”, comentó.
En lo que respecta al cambio climático, Venezuela es el único país de Suramérica sin un plan nacional para hacerle frente a esta problemática, de acuerdo con la ONG Clima 21. Aunque Venezuela ha suscrito alrededor de cincuenta tratados internacionales relacionados con el medioambiente, Acceso a la Justicia constató que las acciones por proteger el medioambiente son escasas. Ni siquiera ha habido interés en suscribirse al acuerdo de Escazú, el cual es “el primer tratado regional sobre derechos humanos y ambiente”, el cual entró en vigor en 2021.
Niñez y adolescencia
De acuerdo con Carlos Trapani, abogado y coordinador de la organización Cecodap, en las propuestas falta definir cómo se defenderán los derechos de los niños y cómo será el fortalecimiento del Estado para poder garantizarlos. Igualmente, cree necesario que los candidatos entiendan que la infancia es mucho más que educación, pues implica recreación, esparcimiento, identidad, salud sexual y reproductiva, participación, justicia, entre otros aspectos.
“Los niños constituyen las dos terceras partes del país. Es un sector de la sociedad nada despreciable. A pesar de ser un número importante, han sido los grandes ausentes en los procesos electorales. En este proceso electoral que estamos viviendo, pero también en todos los anteriores, han sido los grandes ausentes en políticas, planes de gobierno, propuestas de país. Ni siquiera se les ha consultado cuáles serían sus demandas, sus necesidades, sus propuestas”, explicó el especialista.
Cecodap lanzó recientemente la “Declaración para el Futuro”, un documento redactado por jóvenes de entre 15 y 18 años, el cual contiene recomendaciones para los candidatos presidenciales.
Las propuestas, hechas a partir de las necesidades de la niñez y la adolescencia en la actualidad, plantean acciones como implementar un sistema público de información y datos sobre la situación de los derechos de niños y adolescentes, garantizar programas especializados en la protección, promover espacios de participación, entre otras.
