ONG aseguran que la Ley contra el Odio se ha utilizado arbitrariamente para abrir procedimientos a personas vinculadas a la oposición
Runrun.es
Julio Valerio García Joaquín, de 40 años, salió de su casa la noche del 28 de julio a esperar por el conteo de votos en su centro electoral. Estaba junto a otros ciudadanos frente a la Unidad Educativa John F. Kennedy, en el sector Patiecitos, municipio Guásimos del estado Táchira, cuando personas no identificadas atacaron con armas de fuego desde dos camionetas.
El eco de los morteros y el sonido seco de los disparos se confundieron con los gritos de las personas. Cuando terminó el tiroteo, los vecinos de Patiecitos se percataron de que una bala alcanzó la mejilla de García. Lo trasladaron al Hospital Central “Dr. José María Vargas”, donde murió.
Ese no fue el único tiroteo registrado durante la jornada en la que Venezuela votó para elegir al Presidente que regirá al país a partir de 2025. En horas de la mañana, en Maturín, estado Monagas, 15 hombres abrieron fuego contra la entrada del centro electoral Simoncito Moscú. En medio del caos, una mujer resultó herida por una de las balas. Logró sobrevivir al ataque.
Los meses previos a la elección presidencial del 28 de julio estuvieron marcados por una alta tasa de ataques electorales. La propia María Corina Machado fue víctima de un atentado en el estado Lara. Denunció que durante la madrugada del 18 de julio, desconocidos vandalizaron los vehículos donde se desplazaba y cortaron las mangueras de los frenos. La represión que hoy se vive en el país comenzó mucho antes de los comicios.
En el transcurso de los meses anteriores, la estrategia oficialista mutó de inhabilitaciones políticas y capturas a sanciones fiscales por parte del Seniat para acechar a los comerciantes que ofrecieran apoyo a la PUD, hasta detenciones que no esperaban el anuncio del Ministerio Público ni seguían el debido proceso.
Las amenazas y el hostigamiento físico aumentaron entre junio y julio; cuando distintos individuos denunciaron –con material audiovisual incluido– ser acosados por fuerzas del Estado.
Desde marzo hasta la fecha de la contienda electoral, la Alianza Rebelde Investiga recopiló las denuncias de estos hechos. La suma de estos son 125 sucesos en menos de cinco meses.
Represión anunciada
El registro determinó que hubo un homicidio, una herida de bala, 39 capturas o detenciones arbitrarias, cuatro allanamientos, 11 órdenes de aprehensión, ocho sanciones fiscales, 19 amenazas, 16 inhabilitaciones, 13 deportaciones, siete desaparecidos, tres destituciones, dos procesamientos jurídicos y un secuestro.
En marzo hubo 17 incidencias, abril y mayo tuvieron 12 ataques electorales cada uno. Pero apenas comenzaba la persecución. Junio tuvo un repunte con 29 incidencias electorales y, ya en julio, se registraron por lo menos 53 ataques.
Ante estos ataques electorales, Oscar Murillo, coordinador general de Provea, explicó que la violencia política incluye todos los ataques que terminan lesionando el derecho a la participación política de los ciudadanos.
Se dijo «»
«Hemos visto cómo se han trancado vías, cómo se han llenado de policías y alcabalas puentes, cómo se han evitado en algunas ocasiones que María Corina (Machado) se movilizara de un sitio a otro», detalló.
La tormenta sobre Vente Venezuela
El pasado 22 de julio, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó en redes sociales que el Ministerio Público había dictado orden de aprehensión contra Anthony Vega, John Álvarez y Eleyn Echarry, por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, lesiones personales y agavillamiento. Ellos, todos miembros del partido político Vente Venezuela (VV), son solo tres de las decenas de militantes de esta fracción que recibieron ataques directos camino a las presidenciales.
VV –que lidera María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras a la Presidencia e inhabilitada para asumir cargos públicos– se convirtió en la tolda política más atacada entre marzo y julio de 2024. Se registraron más de 50 detenciones arbitrarias a miembros directos o simpatizantes de esta fracción desde enero hasta el día de los comicios.
Entre el 17 y el 27 de julio se registraron 14 detenciones de militantes de VV. Destacan la de Milcíades Ávila, jefe de seguridad de María Corina Machado, y las de los coordinadores de la organización en Miranda, Monagas y Táchira.
Sólo el 26 de julio, 48 horas antes de las elecciones, hubo siete detenciones arbitrarias de activistas vinculados a la campaña de Edmundo González.
Ataques electorales: violaciones a la Constitución y DDHH
Estos incidentes evidencian una serie de violaciones a los derechos humanos que no son nuevas en Venezuela, según las ONG Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y el último Informe sobre derechos humanos de la embajada de Estados Unidos.
Las detenciones arbitrarias, que suman 39 casos reportados, transgreden el artículo 43 de la Constitución, que garantiza la libertad personal y la seguridad. La falta de debido proceso, y la ausencia de órdenes reflejan, son indicios de esta vulneración de los derechos fundamentales.
HRW recordó que la Oficina del ACNUDH y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria informaron de los desafíos constantes al ejercicio de los derechos de libertad y juicio justo en Venezuela, como las demoras de órdenes judiciales de liberación. «Formaron parte de una política deliberada para reprimir a opositores del gobierno», señaló la ONG a finales de 2023.
La deportación de periodistas y la amenaza a veedores internacionales infringe el artículo 60 de la Constitución sobre la libertad de expresión. La violación de este derecho esencial atenta contra la integridad personal y socava la libertad de información y el derecho a participar en la vida política, garantizados tanto por la Constitución venezolana como por la Convención Americana sobre DDHH, de acuerdo con lo reseñado por Amnistía Internacional.
Esta última ONG citó el reporte de Espacio Público que registró 349 ataques a la libertad de expresión entre enero y noviembre de 2023. En este contexto, Human Rights Watch apuntó a la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacifica y la Tolerancia, conocida como la Ley contra el Odio, como un arma de censura del oficialismo.
Se dijo «»
«Las autoridades invocan la Ley contra el Odio, una norma imprecisa adoptada en 2017, conforme a la cual se prevén penas de hasta 20 años de prisión para quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio”, con el propósito de restringir las expresiones contra el gobierno», explica la ONG.
La desaparición forzada de dirigentes opositores y la violencia contra sus simpatizantes vulnera el derecho a la integridad personal y la protección judicial. La Constitución venezolana y tratados internacionales prohíben la desaparición forzada, principios que han sido sistemáticamente ignorados en el contexto electoral antes, durante y luego de los comicios del 28 de julio.
De acuerdo con el informe de la embajada de Estados Unidos, el 9 de mayo de 2024: «Aunque la Constitución y la ley prohibían tales prácticas, había informes creíbles de que las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro torturaban y maltrataban regularmente a los detenidos».
Sebin y PNB al acecho
El principal ejecutor de estas acciones fueron las fuerzas del Estado, con el 45%. El Sebin (15) y la Policía Nacional Bolivariana (17) encabezaron este conteo.También se registraron ataques por parte de la Furia Bolivariana (2) que designó Nicolás Maduro por allá en enero.
Hubo diversas amenazas y ataques electorales por parte de grupos no identificados. El 27 de junio, tres dirigentes de la oposición democrática en la población de Rubio, estado Táchira, fueron amenazados de muerte con pinturas en sus casas que simulaban una diana de tiro al blanco
Se dijo «»
«Cuando hay persecución política, cuando hay detenciones arbitrarias (…) termina afectando la posibilidad de que la ciudadanía en general discuta sobre los planes políticos», aseveró el coordinador de Provea.
En casi todos los estados del país hubo ataques: se documentaron en 21 de 23 entidades. En Distrito Capital (25), La Guaira (12), Táchira (12) y Miranda (10) se concentraron la mayoría de los incidentes de los últimos cinco meses.
Organismos como el Seniat o la policía aeroportuaria también tuvieron incidencia, en especial en los últimos 3 meses. Sobre las reprimendas del Seniat, que cobró impuestos a negocios o los clausuró por estar vinculados a campañas electorales de la oposición, Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), afirmó que «es una cosa absolutamente irregular que por supuesto no debería ocurrir».
Bajo este contexto, Lander comentó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) «ha dejado que las cosas ocurran sin intervenir demasiado en ellas».
Se dijo «»
«La legislación electoral venezolana no plantea mecanismos claros de sanción que pueda aplicar el CNE a aquellos que incurran en irregularidades electorales», precisó.
Militantes de partidos políticos bajo persecución
La militancia política en Venezuela registró por lo menos 32 casos de ataques en los últimos meses. El segundo grupo más afectado fueron los miembros del comando de campaña (13).
El 13 de julio fue detenido César Tapia, dirigente del Comando con Venezuela en la población de Anaco, Anzoátegui. Sólo 24 horas después allanaron la vivienda de la directora de campaña de Edmundo González en Guanare, Portuguesa.
En cuanto a los periodistas, se confirmaron 9 casos de ataques por razones políticas. Además, el 26 y 27 de julio hubo una serie de deportaciones contra los veedores internacionales invitados por la Plataforma Unitaria: 13 deportaciones entre senadores, ex presidentes, periodistas, entre otros.
Los hombres fueron, en su mayoría, las principales víctimas de la persecución política hasta el 28 de julio: al menos 89 hombres se vieron afectados. Se registraron 25 mujeres.
1% de irregularidades en las mesas, pero con 4 millones sin votar
En contraste, el día de las elecciones se registró apenas 1% de irregularidades en las más de 30.000 mesas distribuidas por el país, aseguró Lander. «Hubo en algunos pocos centros donde, antes de las 8:00 am, personas asumieron condiciones de miembros y testigos sin tener las acreditaciones correspondientes», detalló.
El director del OEV vio con buenos ojos que, durante los comicios electorales, los testigos estuvieron “razonablemente activos” para garantizar la protección del voto.
Por su parte, Murillo, coordinador de Provea, recordó que la misión electoral de la Unión Europea, en 2022, dejó un informe donde se detallaban cuáles eran las fallas estructurales que afectaban al derecho al fraude en Venezuela.
Se dijo «»
«Esas fallas no fueron corregidas para el proceso electoral», afirmó.
Murillo señaló al CNE como el responsable de que 4 millones de venezolanos, repartidos por el mundo, no pudieran votar en estos comicios. «No hay una intención de garantizar y de ampliar la participación, sino lo que vemos son estrategias para reducir la participación», dijo.
Finalmente, el también profesor universitario lamentó que «hay una desprotección importante del ciudadano porque quien debiera activarse para protegerlo, se activa es para condenarlo».
