Los expertos afirman que, así como los comicios pasados, en estas elecciones no se respeta el derecho a la libre participación política. No obstante, la oposición cambió su estrategia abstencionista por una más participativa, a pesar de las trabas.
Valentina Gil
Nicolás Maduro ganó su segundo mandato en unas elecciones que fueron consideradas atípicas por la comunidad internacional, debido a la falta de garantías y la ausencia de la oposición tradicional. Han pasado seis años desde entonces.
Ahora que entramos en una nueva contienda electoral, ¿ha habido mejoras en las condiciones electorales? En redes sociales se ha creado una matriz de opinión de que se pueden medir movilizaciones, intenciones y posible participación, por ejemplo, entre la elección de 2012 (Hugo Chávez versus Henrique Capriles Radonski).
En el Guachimán Electoral te contamos con el lapso electoral presidencial más cercano:
Para la politóloga Paola Bautista de Alemán, la diferencia entre ambas elecciones (2018 y 2024) radica en la estrategia opositora para sortear los obstáculos, ya que en las últimas presidenciales la oposición optó por la abstención, mientras que en esta oportunidad se mantiene firme en la ruta electoral.
“Hay tres aspectos que son fundamentales para superar las condiciones de injusticia electoral. Primero, hay un liderazgo claro, validado de las elecciones primarias, que es el liderazgo de María Corina Machado. Hay un candidato electo por unanimidad por los partidos políticos y María Corina Machado, que es Edmundo González Urrutia. Los partidos están cohesionados y trabajando de forma muy buena en la Plataforma Unitaria Democrática. Eso hace que, si bien las condiciones electorales no son competitivas, las condiciones políticas del contexto sean mejores”, dijo.
Por su parte, Carmen Beatriz Fernández, experta en comunicación política, añade que el humor social del electorado también cambió: “Tú ahora tienes una sociedad que salió de ese falso dilema de votar o no votar. Es una sociedad que decidió, en consenso, que la fuerza la iba a ejercer todas a una, como Fuenteovejuna. El rechazo de la sociedad a Nicolás Maduro en la presidencia es mayor que el que teníamos en 2018”.
Otro elemento a resaltar de estos comicios, a juicio del politólogo Jesús Castellanos, es que la comunidad internacional está participando activamente para garantizar elecciones libres y auténticas. No solamente están involucrados Estados Unidos, Noruega y la Unión Europea (UE), sino también Brasil y Colombia, cuyos gobiernos son cercanos a la administración de Nicolás Maduro.
Castellanos señala que este año existe la posibilidad de contar con la posible presencia de observación electoral internacional calificada, a través del Centro Carter y la ONU “En 2018, la veeduría electoral estuvo hecha, principalmente, por el acompañamiento electoral internacional, en especial por el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y organizaciones vinculadas con el gobierno venezolano. La observación electoral nacional estuvo presente por igual, pero en clara desventaja respecto al acompañamiento internacional”, detalló.
El CNE tomó la decisión de revocar la invitación de la misión de observación de la UE, pese a que en el Acuerdo de Barbados está contemplada su presencia en las presidenciales. Por su parte, la ONU evalúa la posibilidad de enviar observadores electorales, aunque recientemente el rector suplente, Conrado Pérez dijo que ya el Centro Carter y otros habían confirmado su presencia en el país. No obstante, de aceptar, estará representada por un panel de expertos para las elecciones presidenciales, el cual no publica comunicados sobre el desarrollo del proceso electoral ni su resultado.
La ausencia de garantías electorales persiste
A partir de lo observado en las elecciones regionales y municipales de 2021, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE elaboró un informe con una serie de recomendaciones para los futuros comicios en Venezuela. Entre las sugerencias está “suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa”.
El gobierno hizo caso omiso, porque una de las fallas de esta elección presidencial es la obstaculización de la inscripción de María Corina Machado, por parte de la Contraloría y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y luego de Corina Yoris, por parte del CNE.
En el caso de Yoris, no hubo argumentos claros sobre el porqué el Poder Electoral negó su candidatura, cuando la MOE-UE recomendó que se debía “notificar a los candidatos el resultado de sus solicitudes y divulgar la información relativa a la inscripción, sustitución, renuncia o rechazo de los candidatos, para aumentar la transparencia”.
La libre participación política tampoco estaba garantizada hace seis años. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) –un órgano ilegítimo–, atendiendo a una solicitud presidencial, decidió sancionar a los partidos que no participaron en la elección de alcaldes de diciembre de 2017: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Partido Unión y Entendimiento (Puente) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Para ello se aprobó un decreto que obligaba a las organizaciones sancionadas a someterse a un nuevo proceso de validación de su militancia, como condición para no ser eliminados.
Sin embargo, Fernández destaca que, a diferencia de 2018, Nicolás Maduro cede por conveniencia ante la posibilidad de que haya una candidatura unitaria.
“Falcón era el principal candidato opositor, pero no con un consenso importante. Eso hacía tener mucho mejor controlada la situación en términos de condiciones electorales. Sí, actuó contra María Corina Machado, pero, por otro lado, dejó unas compuertas abiertas, ¿no? Y eso ocurre por Barbados, porque las negociaciones se dan, entre otras cosas, porque Maduro necesita en estas elecciones un mayor reconocimiento internacional, lo que no logró con las de 2018.”, explicó.
Si bien en esta elección se cuenta con el acuerdo parcial firmado en Barbados, que brinda un marco básico de condiciones para el actual proceso, hay detalles que se quedaron en el papel. La fecha de la votación, por ejemplo, surgió de acuerdos entre el chavismo con candidatos, dirigentes políticos y partidos ajenos a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
En 2018, la convocatoria tampoco fue la ideal: la ANC usurpó las funciones del Poder Electoral e hizo una convocatoria “para la que los actores no estaban preparados”. Inicialmente se fijó para el 29 de abril de 2018, pero la fecha se aplazó hasta el 20 de mayo.
Además, en este período electoral también hay un incremento importante en las persecuciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas a dirigentes opositores, sumándole el cierre de hoteles y multas por permitir el alojamiento de los mismos.
Más tiempo para cumplir con ciertas tareas y mayor confianza en el sistema de votación
Hay ciertas distinciones entre los cronogramas de 2018 y 2024. El documento que rige los comicios de este año contiene 101 tareas que deben realizarse en 146 días (cuatro meses y medio). El de 2018, por su parte, contemplaba 91 actividades a cumplir en un lapso de 81 días (dos meses y medio).
Otra de las diferencias notables entre ambos documentos es el lapso de presentación de postulaciones. Este año se dieron cinco días (del 21 de marzo al 25 de marzo), cuando en 2018 apenas solo se dedicaron 2 días (del 15 al 16 de marzo) para esa tarea. También hubo más días para la modificación y sustitución de postulaciones: 1 día en 2018 y 20 días en 2024.
Al respecto, la MOE-UE definió en 2021 que era necesario “modificar los plazos de sustitución de candidatos por parte de los partidos políticos para que finalicen con más antelación antes del día de las elecciones y aparezcan los candidatos definitivos en la boleta, con el fin de garantizar el derecho de los votantes a un voto informado”.
Sobre los aspectos técnicos, la elección de 2018 arrastraba la desconfianza hacia el sistema automatizado de votación, luego de que Smartmatic denunciara la manipulación de los resultados en la elección de la ANC 2017. “En 2024, y luego de las auditorías realizada en las elecciones regionales 2021, incluyendo la auditoría integral, también realizada para esta elección aunque en menos días, podemos decir que, hasta el momento, y a la espera del resto de las auditorías que faltan por realizar, creo que existe un mayor nivel confianza en el funcionamiento del sistema automatizado de votación”, acotó el politólogo Castellanos.
En contraparte, la jornada especial de inscripción y actualización del Registro Electoral de este año dejó mucho que desear. Para las presidenciales de 2018, el Poder Electoral instaló 531 puntos para la actualización del padrón electoral y dio un plazo de apenas 25 días. Para estos comicios habilitó apenas 315 puntos fijos en el territorio nacional y sentó un plazo de 30 días. Por ello, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) la calificó como la jornada con el menor número de puntos para la inscripción y actualización del RE que se haya aprobado para un proceso presidencial en los últimos 12 años.
Los obstáculos para la inscripción y actualización de los venezolanos en fuera del país son otro aspecto negativo de este año electoral. La MOE-UE incluyó entre sus sugerencias “proporcionar más opciones para que los votantes, incluidos los venezolanos que viven en el extranjero, actualicen su información fuera de los períodos electorales, con el fin de mejorar la precisión del registro electoral y medir mejor las tasas de participación electoral”. Y no pasó.
El operativo empezó con retraso en el extranjero, supuestamente por la falta de información de parte de la autoridad electoral y la ausencia de los equipos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo. Una vez iniciada la jornada, surgieron denuncias de que los funcionarios aplicaban “operación morrocoy” para no atender a todas las personas en cola.
Además, las exigencias de cada consulado eran tan restrictivas que dejaron por fuera a un número importante de electores. Además, los electores en EEUU, Canadá y Ecuador quedaron excluidos, ante la ausencia de misiones diplomáticas venezolanas en dichos países. En consecuencia, solo 69.189 venezolanos podrán votar en el exterior este 28 de julio.
