Debido a la grave crisis de Derechos Humanos que atraviesa el país, casi 8 millones ciudadanos han emigrado desde el 2015. Aunque no se conoce con exactitud cuántas de estas personas tienen más de 18 años, organizaciones de la sociedad civil estiman que alrededor de 5,5 millones de personas que residen en el extranjero estarían habilitadas para votar
Guachimán Electoral
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su preocupación por los impedimentos que enfrentan los venezolanos que residen en el exterior para inscribirse en el Registro Electoral debido a su estatus migratorio. De acuerdo al organismo, estos obstáculos violan los derechos políticos, afectan la integridad de la elección presidencial del 28 de julio y corroboran que el Poder Electoral carece de independencia.
“Exigir a millones de personas en el extranjero que presenten una visa de residente para inscribirse en el registro electoral y, en consecuencia, estar en condiciones de emitir el voto, es arbitrario y afecta la integridad de la elección presidencial. Asimismo, considerar inhabilitadas a votar a quienes no tienen visas de residencia representa una forma de criminalizar la migración pues, en la práctica, equipara a quienes salieron del país como personas condenadas por delitos”.
La CIDH destacó que tanto el artículo 23 de la Convención Americana, como el artículo XX de la Declaración Americana y la Carta Democrática Interamericana, señalan que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho, una responsabilidad y una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.
“Es urgente que el Estado adopte las medidas necesarias para que las personas venezolanas que cumplan con los requisitos constitucionales puedan inscribirse en el registro electoral y votar en condiciones de igualdad con las demás nacionales. La CIDH reitera que un compromiso genuino con la democracia exige que el Estado reestablezca de manera inmediata la separación e independencia de los poderes públicos”, señala el escrito.
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/141.asp
