Expertos electorales destacan que la realización de auditorías, los simulacros, la instalación de las mesas y el intercambio de materiales exponen más a las personas involucradas en el proceso al contagio del coronavirus
Luna Perdomo
La propia presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, admitió que 44 de las 88 actividades del cronograma electoral implican la aglomeración de personas y, por tanto, un mayor riesgo de contagio por COVID-19. “En ellas, (las actividades) hemos recomendado el distanciamiento, el alcohol, el uso de tapabocas. Todos nuestros funcionarios, al día de hoy, tienen su kit biosanitario”, aseguró la funcionaria en esa oportunidad.
El CNE publicó en su página web tres normas obligatorias para el #6D: respetar los espacios identificados para mantener la distancia de 1,5 metros entre elector y elector, uso obligatorio de tapabocas y uso de gel antibacterial antes de pasar a la máquina de votación.
Expertos electorales consultados por el #GuachimánElectoral coinciden en señalar que las diferentes etapas son un riesgo y aspiran a que el organismo electoral logre minimizar, definitivamente, las posibilidades de propagación de la enfermedad.
Pese a las advertencias, y la experiencia de otros países, desde el Poder Electoral y desde el propio Gobierno han insistido en que no habrá movimiento de fecha: las parlamentarias serán el #6D.
Auditorías y simulacros, eventos de mayor riesgo de contagio
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su “Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia”, advirtió que no existe el riesgo cero de contagio. “Es una oportunidad de amplificación de la propagación del COVID-19 en el país”, indicó el organismo en ese documento.
En este sentido, el consultor electoral Aníbal Sánchez aseguró que casi la mitad de las etapas del proceso electoral conllevan riesgo. “Vemos que son muchas actividades, no solo es el acto de votación”, expuso. Sostuvo, además, que hay dos actividades próximas a cumplirse que implican un riesgo mayor: el simulacro de votación, previsto para el 11 de octubre, y el otro son los procesos de auditorías, que comenzarán con mayor frecuencia a partir del 25 de septiembre.
Ante el peligro de que se formen aglomeraciones de personas, Sánchez propone al CNE que, por ejemplo, el simulacro se haga de forma virtual, pues considera que hay posibilidades, con herramientas tecnológicas, para que el elector se familiarice con el proceso a través de aplicaciones y así disminuya el riesgo de contagio. En cuanto a las auditorías, refirió que la de electores, la de los softwares (programas) de las máquinas y de totalización, la de archivos de máquinas, de infraestructura, de producción y despliegue de máquinas, todas implican un intercambio de un buen número de personas.
Instalación y despliegue del Plan República, otro momento de riesgo
El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Ignacio Ávalos, indicó que, en el caso venezolano, la gravedad de la pandemia no ha desaparecido, sino que ha aumentado y coincidió en que la mayor parte de todos los actos relacionados con el proceso comicial implican contacto directo entre personas y, por ende, riesgo de contagio: desde las auditorías hasta el día de la votación, destacando, en este sentido, el proceso de instalación de las mesas electorales.
“Los miembros de mesa deben ir a integrarlas, ¿cómo hacemos con ellos? Porque ahí hay aglomeración ¿cómo hacemos con el Plan República? Son personas que van a estar allí sometidas a las condiciones de aglomeración que implica un acto electoral”, expuso Ávalos.
El sociólogo y experto en materia electoral consideró que en Venezuela hay que ser extremadamente cuidadosos con la realización de las elecciones y las implicaciones de la pandemia, porque las defensas que se tienen en el país son menores y entonces las precauciones deben ser mayores, por lo que debe garantizarse el resguardo de las distancias entre las personas y el uso de los equipos de bioseguridad.
“Lo más importante es reconocer que es una situación grave y que la prioridad es proteger a los ciudadanos”, concluyó Ignacio Ávalos sobre la admisión de la presidenta del CNE.
