El decano de la UCV Juan Carlos Apitz señala que al no comprobarse el delito de usurpación de funciones electorales, el resto de las acusaciones contra la Comisión Nacional de Primaria se derrumban. El abogado constitucionalista José Vicente Haro afirma que las declaraciones contra las primarias no pueden constituir una prueba en derecho penal
Tal Cual / Luisa Quintero | Sofía Nederr
El fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó el miércoles 25 de octubre sobre el inicio de una investigación contra Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, respectivamente, por supuesto «fraude» cometido con la elección del domingo 22.
Según Saab, la investigación se basará en los supuestos delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Pero abogados y politólogos consultados por TalCual aseguran que las acusaciones carecen de fundamento penal, al no existir pruebas que lo soporten, y responde más a una respuesta política por la contundente participación de la ciudadanía, que superó las 2,3 millones de personas.
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, recuerda que con base en la Constitución y la jurisprudencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) la organización y ejecución de elecciones presidenciales, gobernaciones, alcaldías y sindicatos; es decir, elecciones que estén legalmente establecidas.
«Aquí lo que hubo fue una reunión de organizaciones políticas para escoger un candidato, eso no debe ser regulado por el CNE. Sus competencias no abarcan este tipo de comicios (…) Alegan que había cuadernos, pero eso forma parte de su organización interna», explica Apitz.
Pone como ejemplo la elección del presidente de un club privado. «Esa no es una elección bajo el ámbito del CNE porque no corresponde a un partido o sindicato que esté debidamente registrado en ese organismo. El CNE efectivamente organiza elecciones, pero que estén fijadas en leyes o estatutos».
El decano Apitz señala que al no haber este delito, «el resto de las acusaciones se caen a partir de la premisa usada».
Mientras que el profesor y experto en derecho constitucional Juan Manuel Raffalli destaca que curiosamente no se imputa la comisión de ningún delito electoral, «porque esos delitos están muy bien especificados y tipificados en la ley», por lo que recurren a delitos ordinarios como legitimación de capitales y fraude.
«No los han ni siquiera citado para entrevistarlos, esta es una investigación que comienza y apenas los van a llamar y entrevistarán. Hay que ver cuál va a ser la incidencia del aspecto político y del acuerdo que se firmó en esa investigación», señala Raffalli.
Considera que la Comisión Nacional de Primaria, por lo pronto, debe publicar la totalidad de las actas y terminar el proceso con la proclamación de la ganadora. «De ahí en adelante, deberán iniciar su estrategia con sus abogados para ver quién va, cuándo, qué tipo de información pueden entregar».
Desmontando delitos
José Vicente Haro, abogado especialista en derecho constitucional, administrativo y Ciencia Política, afirma que no pueden considerarse las primarias «y todo lo relativo a la organización y ejecución efectiva de estos comicios por parte de la Comisión como un fraude constitucional o un acto y proceso en el cual se haya cometido delitos como lo ha afirmado el fiscal general».
Concretamente, señala Haro, en el caso del delito de usurpación de funciones no se da porque únicamente se puede incurrir si efectivamente la Comisión Nacional de Primaria hubiera usurpado funciones exclusivas y excluyentes del CNE.
«Cuando se trata de elecciones de tipo primario, que en otros países se llaman internas, en ese caso son procesos que conducen partidos, coaliciones políticas, organizaciones de la sociedad civil o alianzas políticas. El CNE no tiene la facultad exclusiva para conducir ese tipo de procesos y solamente la hubiera tenido si la Comisión Nacional de Primaria le hubiera pedido conducir el proceso y entregado su elaboración, organización y ejecución al CNE», afirma Haro.
Al revisar el Código Penal, señala el abogado, tampoco se configura la usurpación de funciones. «No hay hecho alguno, argumento constitucional o legal que revista carácter penal y pueda llevarnos, en palabras del fiscal, a precalificar algún delito o abrir una línea de investigación por ese delito».
Sobre el delito de usurpación de identidad, establecido en leyes asociadas a la Ley de Identificación y el Código Penal, el abogado Haro afirma que tampoco se han presentado hechos, situaciones o indicios que pudieran presumir que este delito se configuró durante la realización de las primarias. «Al proceso acudieron las personas con su cédula de identidad y suscribieron unos libros electorales con su firma que, desde el punto de vista legal, es algo vinculante».
Al presentar la cédula de identidad y firmar, explica José Vicente Haro, ya el delito no se configura. «Aparte de eso, otros delitos de carácter electoral no se han cometido y no se han alegado por el fiscal general. Imagino que con el transcurrir de los días él irá haciendo referencia a otros supuestos delitos. Es de suponerse por el verbo tan fuerte, tan destemplado en sus declaraciones».
Sobre la presunta asociación para delinquir, el profesor Haro señala que básicamente este tipo de acción penal requiere la comprobación de que dos o más personas estén asociadas, estructuradas en una organización de carácter criminal, con fines criminales, con el objeto de cometer delitos y obtener beneficios económicos. «Muy lejos de eso está la Comisión Nacional de Primaria».
En este punto, el decano Apitz comenta que el tipo de asociación para delinquir es usado en los casos de terrorismo. «A ese le van a dar prioridad».
Respecto a la supuesta legitimación de capitales, Haro señala que tampoco hay elementos, hechos o «vicios» que permitan deducir que hay un delito tan sofisticado como este, que se atribuye a estructuras delictivas que buscan lavar dinero proveniente de actos de narcotráfico, financiamiento al terrorismo o delitos financieros complejos. «Si hay un delito complejo que se debe descartar de este proceso es la legitimación».
Recuerda que la Comisión Nacional de Primaria informó durante todo el proceso sobre la financiación, hicieron actos –como rifas– y contaron con un voluntariado que trabajó para cubrir los costes de las primarias.
Para José Vicente Haro, no hay elementos incluso para precalificar o abrir una línea de investigación.
«Las expresiones del fiscal fueron bastante fuertes, no apropiadas y no se corresponden con la imparcialidad, independencia y autonomía que el fiscal general le debe a la ciudadanía según la ley. Estaría extralimitándose en sus funciones y, según las leyes, estaría incurriendo en vicios de desviación de poder para favorecer, según la narrativa y el discurso, al sector político oficialista», expresa Haro.
También niega la afirmación hecha por el fiscal Saab, al decir que «la sola denuncia pública con detalles de estas personas constituyen una prueba».
«Esas son expresiones jurídicamente inapropiadas. Puede haber dicho que por un hecho público, notorio y comunicacional va a considerar si esas afirmaciones pueden dar lugar a una investigación o no. Ha debido quedarse allí (…) Ha debido comenzar por citar a José Brito y a Nelson Rampersad para verificar si ellos tienen elementos o pruebas de eso», asegura.
Reitera que en modo alguno esas declaraciones de Brito o Rampersad pueden constituir una prueba en derecho penal. «Están muy lejos de eso. Estamos simplemente frente a unas afirmaciones de dos ciudadanos (…) Lo lógico es que el Ministerio Público hubiera desestimado esas denuncias como hechos que revistan de carácter penal».
Ataques políticos
Los politólogos Ricardo Sucre y Fernando Spiritto señalan que los ataques a las elecciones primarias y la investigación contra la Comisión Nacional de Primaria, las Juntas Regionales y Súmate responden al hecho de que el chavismo no se esperaba el alcance que tuvieron los comicios opositores celebrados el 22 de octubre.
Sucre puntualiza que la posición del oficialismo sobre las elecciones comenzó con el discurso de que no habría primarias y luego migró hacia la narrativa de que el proceso sería un desastre. En este punto, acota, esperaban que se registraran trifulcas en los centros de votación y enfrentamientos entre los partidos. Salvo los cuestionamientos técnicos denunciados por Carlos Prosperi, quien fuera candidato de AD, el proceso fue pacífico.
«El problema del gobierno es la movilización opositora. El chavismo no esperaba lo que pasó el 22 de octubre, fue un evento difícil de aceptar, difícil de procesar, de tragar, fue un proceso tranquilo, no hubo mayores cosas», señala Sucre.
Añade que la dificultad en procesar el resultado de las primarias opositoras estriba en que para el oficialismo hay un efecto de demostración de que la oposición salió bien y que hay una capacidad de movilización de 2 millones 300 mil personas.
«Buscan desmoralizar, que la gente se sienta mal y que comience a sentir temor y la molestia de siempre, que se desmoralice», enfatiza Ricardo Sucre, quien recuerda que el chavismo es experto en desplegar estrategias para bajar los ánimos cuando la oposición se siente exitosa.
De su parte, el politólogo Fernando Spiritto asevera que «la respuesta del gobierno de Maduro no hubiera sido tan nerviosa si el candidato electo hubiera sido uno diferente a María Corina Machado y la victoria no hubiera sido tan contundente como ahora. Machado era la única candidata con alta probabilidad de movilizar al pueblo opositor».
Agrega que el peor escenario para el oficialismo es la derrota electoral y que este es un factor que lo descoloca aún más que las sanciones internacionales: «Las encuestas señalan que María Corina Machado está por encima del señor Maduro».
Spiritto subraya que la dirigente opositora ya era un factor de mucho peligro en términos de probabilidad. «Después de las elecciones con más razón: Machado tiene 92% de los votos, la participación fue de 12% del padrón electoral lo cual es grande para unas elecciones primarias», indica.
El investigador destaca que la candidata salió de las primarias con un peso político muy alto, que le da pavor al gobierno de cara a las presidenciales de 2024.
El dique Barbados
Juan Manuel Raffalli señala que el interés de la administración Maduro debería centrarse en el desarrollo de las licencias otorgadas por Estados Unidos, en especial la licencia 44, del pasado 18 de octubre. «No bombardear lo que está comenzando a ser una oportunidad para mejorar los ingresos del país y la economía. Además, el acuerdo que se firmó en relación a los derechos políticos precisamente se hizo para que no ocurriera esto».
Dicho acuerdo apunta, en su punto número 1, al reconocimiento entre los actores políticos «de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos».
El oficialismo, en voz de su jefe negociador Jorge Rodríguez, reclamó que con las primarias se violó el punto 4 del acuerdo, donde se expresa «que las condiciones electorales a las que hace referencia este acuerdo sean aplicables para el resto de los procesos electorales que corresponda desarrollar, conforme al cronograma constitucional de elecciones».
«Entiendo bien el momento por el que está pasando el gobierno, pero si quiere seguir adelante con la normalización económica, debe evitar actitudes como esta», recomienda Raffalli.
Para el decano Juan Carlos Apitz, este tipo de acciones son un desconocimiento claro de los acuerdos alcanzados. «Jorge Rodríguez dijo que iban a revisar esos acuerdos, creo que ya no están en capacidad de eso porque los acuerdos se hicieron a partir de unas sanciones del gobierno norteamericano que condiciona su levantamiento al cumplimiento de ciertas cuestiones».
Asegura que esta es una «alharaca normal» y vaticina que durará por lo menos una semana o hasta que el Gobierno norteamericano llame a capítulo a la administración Maduro. «Esto va a morir en el camino».
Por otra parte, Ricardo Sucre señala que la posibilidad de una anulación de las primarias opositoras «pasa por el contencioso de Barbados». Expresa que en los acuerdos suscritos el 17 de octubre entre las delegaciones del gobierno y la Plataforma Unitaria se planteó abordar el asunto de las inhabilitaciones que impacta a la candidata María Corina Machado.
Refiere que con esta investigación del Ministerio Público, el gobierno presiona a la oposición para que acepten su punto de rebajar la votación.
«La intención del gobierno es que la oposición acepte verificar las cuentas, entonces eso pasa por el mecanismo de verificación de Barbados al que se ha referido Jorge Rodríguez», señala.
En este sentido, Fernando Spiritto cree que en las acusaciones de fraude contra las primarias tendrá un peso clave la presión internacional y las actuaciones de Estados Unidos que condiciona el alivio de sanciones a las garantías para elecciones libres en el país y además fijó un plazo de seis meses para ello.
Persecución a la orden del día
El profesor Juan Manuel Raffalli comenta que ante un proceso en la Corte Penal Internacional por transgresión de derechos humanos, «lo menos que se me ocurriría es algo como esto. Entre otras cosas, el derecho a la participación política es un derecho humano y más cuando se firmó un acuerdo».
Reitera que la estrategia de la administración Maduro debería ser repensada, «y tratar de estimular la normalidad de los acuerdos y su ejecución para que el país se pueda enrumbar a negocios petroleros, de gas y minería en el ámbito de la flexibilización de las sanciones».
El decano de la UCV Juan Carlos Apitz asegura que este amedrentamiento directo contra Jesús María Casal y Mildred Camero es una «manera de hacer política», y recuerda que la democracia no es un delito. «¿Por qué unos ciudadanos que se reúnen para escoger su candidato presidencial están cometiendo delito? No lo hay».
José Vicente Haro afirma que lamentablemente «podemos considerar que esto forma parte de la utilización de la institucionalidad venezolana, de la autoridad del Ministerio Público, del cargo del fiscal general para emprender a través de unos mecanismos no constitucional ni legalmente procedentes, sin fundamento alguno, a la persecución selectiva de personas que obraron para poder permitir la expresión de los venezolanos en unas elecciones primarias».
Se está tratando de empañar un proceso que ha sido exitoso, dice Haro, «que ha sido un gran logro no solamente para la Comisión Nacional de Primaria, los técnicos y el voluntariado que existe allí, sino para los ciudadanos que en Venezuela y el exterior se expresaron y esperan que las cosas se hagan de acuerdo a la Constitución y la ley para ir a una contienda presidencial con una candidata como María Corina Machado perfectamente legitimada para ello».
