El canciller José Manuel Albares insistió en que se puede volver a revisar el tema de las sanciones sobre Venezuela. Cree que las inhabilitaciones contra los políticos opositores «no va en la linea» de lo que quieren ver
Tal Cual
El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, manifestó este lunes 29 de enero que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de emitir sentencias en las que ratificó las inhabilitaciones contra la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, y el exgobernador mirandino Henrique Capriles, no permite evidenciar el pluralismo para la participación política en el país.
“La decisión sobre María Corina no ensancha el pluralismo, no es algo que vaya en la línea de lo que a nosotros nos gustaría ver», dijo el ministro Albares en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.
Destacó que España ratifica la propuesta que se hizo el pasado mes de octubre de revisarse las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Venezuela. En ese momento se mantuvieron pero no por un año, sino por seis meses, esto debido a la firma del Acuerdo de Barbados el 17 de octubre de 2023.
«Lo que nosotros planteamos con mucha lógica y coherencia, y me vuelvo a ratificar en ello, es que la Unión Europea no puede hacer abstracción de algo que no es un fin, sino un medio y que hay que revisarlo», comentó.
Tras de una reunión de ministros celebrada en Luxemburgo el 23 de octubre de 2023, el canciller de España hizo el planteamiento ante la Unión Europea de revisarse las sanciones; algo en lo que estuvo de acuerdo el Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell.
El 10 de enero de 2024, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que España debe dinamizar su relación con Latinoamérica, marco en el que mencionó a Venezuela y la esperanza de que se efectúen elecciones presidenciales libres en 2024.
Para que las elecciones justas sean una posibilidad, aboga por el cumplimiento del acuerdo de Barbados por parte de las partes firmantes, puesto que garantizaría la celebración de comicios con garantías electorales y participación plena de candidatos.
