Los comunistas prestaron su tarjeta a Rafael Uzcátegui y José Tomás Pinto, luego de que el TSJ decidiera intervenir a PPT y a Tupamaro. Los otrora aliados del chavismo buscarán ocupar curules como legisladores en las votaciones de diciembre
Saraí Coscojuela
Luego de la convocatoria a las elecciones legislativas por parte del Consejo Nacional Electoral, el chavismo mostró, aún más, sus fisuras con la creación de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). Patria Para Todos (PPT), el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Tupamaros fueron tres de los partidos que montaron tienda aparte del Psuv y sus demás aliados del Polo Patriótico.
Pero dos de estos partidos se quedaron con las ganas de postular con sus colores y su nombre: días después de este anuncio, el Tribunal Supremo de Justicia decidió, mediante sentencias de la Sala Constitucional, intervenir a la junta directiva del PPT y de Tupamaros. El PCV se “salvó” de estas decisiones y, además de presentar candidatos distintos a los de las listas del chavismo, también arropó a los líderes de estos otros dos partidos, entre ellos a Rafael Uzcátegui (PPT) y a José Tomás Pinto (Tupamaros), quienes son candidatos por la lista nacional.
Estos dirigentes y partidos se siguen diciendo chavistas, pero critican la gestión de Nicolás Maduro. Cuando lanzaron la APR, Rafael Uzcátegui explicó a TalCual que la alianza electoral no la hacen con el Psuv, porque tienen diferencias con sus políticas económicas, su tratamiento al problema del salario, las prestaciones sociales, la lucha por la tierra y en la propuesta de construir una economía productiva.
Lo que el TSJ te da también se los quita
En 2012, el PPT ya había sido intervenido por el TSJ y nombró, en ese momento, a Rafael Uzcátegui como secretario general, pero el 22 de agosto de este año, el máximo tribunal decidió nuevamente intervenirlo y nombrar a la diputada Ilenia Medina como la nueva líder de la organización.
Luego de conocerse la sentencia, Medina expresó a Venezolana de Televisión (VTV) sentirse satisfecha con la decisión, que, a su juicio, viene a “reordenar la vida democrática del PPT”. Mientras que Uzcátegui intentó “pelear” contra esta decisión ante el TSJ, que declaró como inadmisible la solicitud de oposición a la medida.
Uzcátegui calificó de “traición” esta intervención, que él mismo había solicitado también en 2012, y en su cuenta de Twitter llamó a votar por la tarjeta del PCV. “Para este #6D daremos una respuesta contundente con nuestro derecho al voto a través de la tarjeta del PCV”, señaló.
Un mes después de la sentencia del TSJ, la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Érika Farías, informó del desmantelamiento de un centro de prostitución cercano a Plaza Venezuela, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas Rafael Uzcátegui.
“Al llegar al lugar, había un grupo de personas que se detuvieron, entre esas, al quien fuera dirigente del PPT, Rafael Uzcátegui. No nos corresponde a nosotros las investigaciones, nos corresponde la protección de las niñas y mujeres”, agregó Farías en su cuenta de Twitter.
El dirigente político denunció que fue detenido por funcionarios de Policaracas, quienes lo habrían amenazado. “Hacemos responsable a la dirección de este organismo de seguridad, como también a la alcaldesa Erika Farías de lo que me pueda ocurrir”, agregó en su cuenta de Twitter.
Además, Uzcátegui calificó la acción de un “falso positivo” por su nueva alianza electoral con el PCV. “Yo sabía lo que venía. Construir una alianza de carácter estratégico con el PCV y presentar candidaturas iba a tener una reacción, y la hubo”, declaró en el programa Vladimir a la Carta. También aseguró que la preocupación de Érika Farías es que los militantes del Psuv se debaten entre votar por su partido o por el PCV.
Curul por cárcel
José Tomás Pinto había intentado ser diputado en diciembre de 2015, apoyado por el Polo Patriótico en el estado Vargas, pero le ganó Juan Guaidó. Ahora intentará nuevamente ganar una curul con el PCV, aunque actualmente se encuentra detenido bajo una investigación penal por su presunta participación en el homicidio del adolescente de 16 años, George Soto Berroterán.
Sus abogados consideran que no hay elementos de convicción probatoria que inculpen a Pinto. “Estamos frente a un juicio donde se evidencia las presiones políticas para desfavorecer a José Tomás Pinto. En primer lugar, asegurar que no existen elementos de convicción que evidencien la participación de Pinto en ese supuesto asesinato. Luego contamos con actas procesales amañadas, llenas de inexactitudes. Nos encontramos frente a un linchamiento político para la figura de José Tomás Pinto”, aseguró Henry Hamdán, uno de los defensores.
Igualmente, en una nota publicada por El Pitazo se indica que para militantes de Tupamaro y algunos del Psuv, la acción contra Pinto es un pase de factura liderada por el propio gobernador Jorge García Carneiro, con quien tiene enfrentamientos políticos de vieja data.
Pinto fue detenido en dos ocasiones, pasó ocho años en el Cuartel San Carlos, acusado por su implicación en el secuestro del empresario estadounidense William Frank Niehous y por subversión. El dirigente izquierdista también ha incursionado en el mundo empresarial, ya que entre 2003 y 2005 registró dos empresas constructoras que se convirtieron en contratistas de algunos ministerios.
En 2010, Pinto se hizo propietario de una finca, con hectárea y media de terreno, en la zona limítrofe entre Vargas y Miranda. Además, compró cuatro lanchas para faenas de pesca en Chuspa y también adquirió la señal de la emisora Z-100 FM, que funciona en una casa en Los Corales (Vargas) y donde se concretó su captura el pasado 15 de junio.
No es la primera vez que una coalición política opta por un privado de libertad como candidato y como fórmula para que obtenga su libertad, vía inmunidad parlamentaria.
En 2015, la entonces Mesa de la Unidad Democrática postuló a Renzo Prieto (suplente del circuito 2 del estado Táchira) y Gilber Caro (suplente del circuito 4 del estado Miranda) cuando aún estaban tras las rejas. Resultaron electos y no fue sino meses después de la instalación del Parlamento con mayoría opositora que se pudieron juramentar.
