El Poder Electoral había definido que entre septiembre y diciembre se haría la mayor parte de las auditorías, pero, sin previo aviso, publicó en su página web que ahora será de octubre en adelante.
José Luis Carrillo
El Consejo Nacional Electoral (CNE), en varias de las modificaciones o reacomodos que ha hecho del cronograma electoral, publicó recientemente una modificación en las fechas del grueso de las auditorías al sistema que regirá las elecciones parlamentarias del #6D. Pero, sin el cumplimiento de algunos requisitos que garanticen que las verificaciones se realicen adecuadamente, no habrá mayores garantías de que el proceso que arrojará una nueva Asamblea Nacional sea confiable para el electorado.
El CNE había definido que entre septiembre y diciembre se haría la mayor parte de las auditorías, pero, sin previo aviso, publicó en su página web que ahora será de octubre en adelante. También modificó dos eventos: el simulacro electoral y la modificación de postulaciones que no se verán reflejadas en la boleta electoral.
De acuerdo con el cronograma inicial, el que se publicó el 11 de julio, se completará un total de 15 auditorías técnicas, igual número que en las parlamentarias de 2015, aunque figuran cinco supervisiones que no se efectuaron en el proceso pasado. De igual manera, hay cinco que se hicieron en aquella oportunidad que no tendrán su versión en el proceso que hay en camino.
No obstante, no es la cantidad de auditorías lo que podrá definir si realmente la escogencia de los 277 diputados del Parlamento gozará de la transparencia necesaria para que se garantice que la voluntad de cada elector se vea reflejada en el resultado final; los expertos electorales Aníbal Sánchez y Andrés Caleca señalaron los diferentes aspectos que podrían atentar contra la pulcritud de las elecciones aun cuando las partes que acudirán a la contienda manifiesten estar de acuerdo con cada una de las verificaciones que se realicen. Las mismas tienen que ver con quiénes participarán de tales procesos y de algunos cambios en la manera como se han realizado en el pasado.
Que sí, pero no
Las verificaciones técnicas iniciaron oficialmente el 17 de julio, cuando se realizaron, una, al Sistema Automatizado de Selección de Integrantes de los Organismos Electorales Subalternos, que figura entre las nuevas que aporta el actual proceso y al que asistieron representantes del gobierno y de los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional, pero cuyos detalles no trascendieron y, la segunda, al Registro Electoral, que sí se ha cumplido en cada proceso electoral automatizado.
Estaba previsto que a partir del 26 de septiembre, y hasta el día de los comicios, se hicieran nueve de las auditorías: primero, las del software de máquinas de votación, del software de totalización, del archivo de máquinas de votación, y luego, ya en noviembre, de la Infraestructura Tecnológica Electoral, producción de máquinas de votación, cuadernos de votación y auditoría predespacho de las máquinas de votación para dejar todo listo con la de puesta en cero de los Centros Nacionales de Totalización.
Después de la votación, quedarían pendientes las de Telecomunicaciones en sus fases I y II, y la de sustanciación de investigaciones de gastos de campaña. Desde el #GuachimánElectoral examinamos y todas las verificaciones tienen duraciones similares a las que se hicieron para la contienda de 2015.
Sin embargo, las fechas cambiaron a discreción del CNE y ahora corrieron los lapsos una semana de su fecha inicial, en el mejor de los casos, hasta un mes después, como ocurrió con la Auditoría de Datos Electorales Fase I (Ades).
El oscurantismo
Andrés Caleca, quien fue presidente del CNE, cuestionó que las auditorías se están haciendo apenas con los representantes del gobierno y los de la llamada “mesita de diálogo”, pero han faltado no solamente los partidos mayoritarios de la oposición, sino de sectores como las academias y misiones internacionales de observación; por lo que duda sobre la idoneidad de la metodología.
“El primer problema que tenemos aquí es que no tenemos transparencia. Está claro, desde la publicación del cronograma, de que se trata de una convocatoria absolutamente inconstitucional, ya que se hizo cambiando normas, leyes, reglamentos y hasta la Constitución, que dice que no se puede modificar las leyes seis meses antes (del proceso en cuestión). En el cronograma se había notado que habían cortado una cantidad de auditorías, de las normales que se hicieron en las elecciones de 2015, se saltaban seis o siete auditorías, aunque no eran tan importantes y el proceso podía avanzar, pero las más importantes, que son las auditorías de las máquinas, las de la plataforma tecnológica, que es con lo que se va a votar, de las máquinas de votación, del software, de la transmisión, no se pueden hacer, no se están haciendo, porque no hay máquinas”, señaló Andrés Caleca.
Argumentó que, si a estas alturas, no se cuenta con las máquinas de votación, tampoco se tiene el software que se va a utilizar. “Si no hay software, que es algo que no se compra, como compras un Word o un Linux, sino que son hechos a la medida de la máquina y del proceso que se va a hacer, entonces vas a hacer unas auditorías tontas como la del sistema de selección de los miembros de mesa, que la hicieron entre gallos y medianoche y solamente participaron los partidos de la llamada Mesa de Diálogo Nacional y el CNE. Técnicos independientes allí no hubo, universidades observadoras no hubo, observación nacional no hubo y mucho menos internacional, y seleccionaron a 300.000 miembros de mesa y nadie sabe quiénes son”, resaltó Caleca.
Auditorías sencillas
Por su parte, el consultor político en el área electoral y exauditor del CNE, Aníbal Sánchez, detalló que la auditoría del programa de selección de los integrantes de organismos electorales subalternos es un proceso sencillo que se hace en dos partes: primero, la programación del software y después la selección de los integrantes. La misma consiste en una primera etapa de la exclusión de los electores de más de 65 años, así como los de directivas de partidos, candidatos, electores en el exterior y aquellas personas con discapacidad física específica (ausencia de miembros superiores).
Luego de la exclusión se realiza un sorteo, 18 nombres para las juntas electorales regionales, municipales y parroquiales. Sobre este proceso, Aníbal Sánchez no manifestó ningún tipo de reparos.
Pero sobre la segunda auditoría, que es a la del Registro Electoral (RE), sostuvo que no es propiamente una auditoría, ya que esto implicaría hacer un trabajo de campo, un muestreo, ir a algunas viviendas a confirmar las identidades de los electores registrados y todos sus datos tal cual como están en la data del CNE, por lo que lo que se hace es más bien una revisión bibliográfica.
Restó importancia a que no se realice la auditoría de la tinta indeleble, implemento que no se utiliza desde hace varios procesos electorales. Considera que en un proceso automatizado como el que está diseñado, el mecanismo que verdaderamente garantiza que se cumpla el principio de ‘un elector un voto’ es el de la autenticación de identidad, el de los instrumentos de identificación biométrica, conocidos como “máquinas captahuellas”.
“En el proceso de votación surgen rumores, denuncias de algunos electores que no dieron coincidencia (de sus huellas con las registradas) y les permitieron votar. Eso es porque tenemos una Ley Electoral y una Ley de Procesos Electorales que no van acordes con el proceso automatizado. Hay una deuda, no solamente de esta AN, sino de la anterior, de legislar en materia electoral como lo que tiene que ver con los referendos consultivos y revocatorios. Entonces, cuando no hay coincidencias, pero el elector está en el cuaderno de votación, se acata la ley que dice que si está inscrito no se le puede impedir el derecho a votar”, acusó Aníbal Sánchez.
Golpe a la máxima garantía de seguridad
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV), en su análisis sobre las auditorías correspondientes a estas parlamentarias 2020 especificó que para la contienda del próximo #6D se conservaron 7 de las 21 auditorías que blindaron las parlamentarias de 2015 y que, para ese momento, fueron transmitidas en vivo y directo por el portal de internet del CNE.
De las auditorías técnicas, el OEV recuerda que se eliminó una de las más importantes: la de infraestructura electoral (correspondiente a las locaciones donde se instalarán las mesas de votación), la del Sistema de Información al Elector (estación donde el elector se informaba sobre la mesa en la que le tocaba sufragar y que fue eliminada), la de la tinta indeleble ya citada y la de verificación ciudadana, que no es técnica, pero también es de suma importancia. Tampoco figurará, en esta oportunidad, la del software del Sistema de Estadísticas de Participación (Sisep), ya que este sistema se eliminó luego de que la oposición denunciara que la manejaba el Psuv para saber qué electores no habían participado y buscar que votaran.
En su boletín 46, Cronograma en Pandemia, el OEV detalló que el cronograma electoral para las parlamentarias de 2020 presenta lapsos de ejecución comparativamente más cortos, tanto en actividades clave como en el proceso electoral mismo, y detalla que las elecciones se organizan en un contexto global y nacional tan inédito como complejo, pues se hace en medio de la pandemia por COVID-19. Lo que hace lamentar que no se haya programado la auditoría de infraestructura de centros de votación, que debe hacerse para garantizar que las instalaciones permitirán mantener las normas internacionales de prevención del virus.
En el cuadro comparativo del mencionado boletín se observa que desde el día de la convocatoria hasta la fecha de la elección pasaron cinco meses y 13 días para la jornada comicial de 2015, mientras que para la de 2020 el tiempo se acorta a cinco meses y cuatro días.
Que miren desde afuera
Para Aníbal Sánchez, el otro aspecto medular para evitar que se manipulen las elecciones es determinar quiénes asisten a las auditorías. “No solo deben hacerlo las 30 organizaciones que están postulando, también está estipulado que asista un auditor externo, pero, hasta ahora, ha figurado un auditor de la UCV que, si revisas los archivos, verás que participan nombres como Eleazar, Ezequiel o Bartolini, siempre los mismos que, supuestamente, asisten por la UCV y dicen ser auditores externos, pero que no cuentan con la autorización de esa casa de estudios”, advirtió.
Hizo énfasis en que un auditor externo no puede ser empleado del órgano que está auditando. porque, de lo contrario, se trataría de una auditoría leonina, por lo que hay que aclarar quién va a ser el auditor externo para el proceso. Además, a su juicio, es imperativo que se cuente con observación internacional a todos los niveles, especialmente al momento de las auditorías, ya sea en la programación, el predespacho de las máquinas y las diversas etapas que comprende una observación internacional calificada. Por ahora, esto está descartado.
