El CNE no solo guarda el secreto del voto para las próximas elecciones parlamentarias: el contrato con la empresa argentina Ex-Clé o detalles sobre la maquinaria que se usará el próximo 6 de diciembre en unos cuestionados comicios son algunas de las interrogantes que los nuevos rectores no han respondido
Saraí Coscojuela | Patzzy Salazar | Luisa Quintero
El próximo #6D, los venezolanos están llamados a votar para escoger a los próximos representantes de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2025, en unas elecciones cuestionadas por 37 partidos opositores y la actual Asamblea Nacional, quienes unánimemente consideran que esas elecciones no garantizan que se respete la voluntad del elector.
Para ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara desde el 1º de julio, fecha en la que se realizó la convocatoria por parte de la presidenta del organismo, Indira Alfonzo, para organizar unos comicios que tomen en cuenta las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19, y se aplica en atender la ausencia tecnológica que dejó la quema de casi toda la maquinaria existente para llevar a cabo procesos electorales en el país, siniestro ocurrido en marzo de 2020.
La empresa argentina Ex-Clé estableció una relación comercial en Venezuela a partir de 2005, con la implementación de soluciones biométricas para diversos entes y ministerios, que luego se trasladó al plano electoral. Desde ese año comenzó a prestar sus servicios al CNE, en un plano secundario ante Smartmatic en esa área, pero a partir de 2017 la cooperación se amplió hasta “obtener” el contrato para manejar todos los aspectos de las elecciones en el país, luego de que Smartmatic denunciara los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y asegurara que se habían manipulado los resultados.
Ex-Clé ya ha participado como único operador en cuatro elecciones en Venezuela y se prepara para una quinta con las parlamentarias del #6D. Pero en este nuevo proceso son más las dudas que las respuestas sobre la verdadera labor de la empresa argentina en los comicios venezolanos.
Sobre Ex-Clé, no se tiene seguridad de que exista un contrato que la respalde o que haya obtenido una licitación para manejar estas elecciones en Venezuela, ni bajo qué condiciones. Con la quema de 95% del parque tecnológico electoral del país en marzo de este año se plantearon más dudas, luego de que se conoció que esta empresa pasaría a presidir la compra de nuevas máquinas de votación y el software correspondiente.
La nueva junta directiva del CNE tampoco ha podido aclarar las dudas. La rectora Indira Alfonzo apenas si ha nombrado a esta empresa en el tiempo que lleva como presidenta del organismo comicial, mientras que Rafael Simón Jiménez —tras un corto paso como vicepresidente del Poder Electoral— pidió que se investigase a Ex-Clé.
La Alianza Rebelde Investiga (ARI), compuesta por los medios venezolanos TalCual, Runrun.es y El Pitazo, compiló los 12 secretos que mantiene el CNE sobre las próximas elecciones y su proceso de automatización.
1. El aliado que vino del Sur
Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A fue fundada en el año 1998 en Argentina. Llegó a Venezuela en 2004 con la apertura de su primera oficina en el país. La participación de la empresa experta en tecnología biométrica en comicios venezolanos comenzó en el año 2005, en las elecciones municipales y de Juntas Parroquiales. A partir de ahí Ex-Clé ha participado en 13 elecciones.
En 2012 implementó el Sistema para Validación de Identidad, mejor conocido como el Sistema de Autenticación Integrado (SAI), herramienta biométrica de autenticación del votante con la cual el elector podrá certificar su identidad ante la máquina de votación con su número de cédula y huella dactilar, permitiendo que la máquina se active.
El sistema biométrico de Ex-Clé no se quedó solo como herramienta implementada por el CNE, sino que también es usado por entes financieros públicos venezolanos. “Implementamos, junto al Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Bicentenario, un sistema de punto de ventas que incluye todas las modalidades de pago existentes en el país. BioPos permite realizar pagos de bienes y servicios solo con la huella dactilar”, indica su página.
De la empresa se conoce que sus dueños son dos argentinos: Guillermo San Agustín y su hermano Eduardo César San Agustín, pero se ignora el resto de su composición accionaria. Guillermo Palacios, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que Ex-Clé ha sido tutorada por el exministro de Comunicación y ahora candidato Jorge Rodríguez. Sin embargo, tampoco ha presentado alguna prueba física sobre esa afirmación.
Ex-Clé ha participado en 13 elecciones como experta en tecnología biométrica
Palacios solicitó una investigación contra Ex-Clé en la Comisión de Contraloría de la AN, pero el representante de la empresa se negó a comparecer ante la comisión que investiga lo relacionado con la compra de las máquinas electorales.
Según el registro del Seniat, existen dos Ex-Clé: ExCle S.A., con RIF J 316926591 y Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A, con RIF J 407882333. La ficha de la sociedad anónima indica que no tiene domicilio en Venezuela y según el Registro Nacional de Contratistas (RNC) está inhabilitada para contratar con el Estado. A la par, la Ex-Clé compañía anónima fue constituida el 30 de mayo de 2015 y tiene su domicilio en el Edificio Bonpland, Piso 3, Oficina 6, Esquina de Sociedad a Gradillas, Distrito Capital, Caracas. Y también está inhabilitada para contratar con el Estado, según el RNC.
Sin embargo, según su página web, sus oficinas quedan en un lugar completamente distinto al plasmado anteriormente: en la 2ª Transversal, entre la Segunda y Tercera Avenida de Santa Eduvigis, Municipio Sucre, Estado Miranda, Caracas. Pero no solamente su dirección es incierta; la manera como llegó el CNE a determinar que ellos eran su más conveniente aliado biométrico y tecnológico es algo que aún no está lo suficientemente claro.
2. La máquina bajo el reflector
El CNE presentó el 9 de octubre de 2020 un modelo de las nuevas máquinas que serán utilizadas para las elecciones legislativas convocadas para el #6D, pero con la exposición del rector suplente, Carlos Quintero, quedaron más preguntas que respuestas. No se aclaró cuánto costaron las máquinas, si el CNE las compró directamente o si utilizaron los servicios de alguna empresa, en este caso Ex-Clé, y si esto fue así, tampoco detallaron qué tipo de contrato celebraron o si se siguieron los pasos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas.
En dicha ley se establecen al menos cuatro tipos de contrataciones: a través de concurso abierto, de concurso cerrado, de concurso internacional —a su vez abierto o cerrado— y contratación directa. Cada uno tiene un proceso, que además debe justificarse y tener toda la información relativa a lo que se desea contratar.
En el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se establece que el contratante —en este caso el CNE— debe contar con programación presupuestaria; especificaciones técnicas; determinación de las ventajas económicas y técnicas de la contratación; previsión en la programación anual de compras, si es aplicable; y modelo del contrato, entre otras.
“En las modalidades de concurso cerrado, consulta de precios y contratación directa, los participantes deben ser previamente seleccionados según su capacidad legal, financiera y técnica”, agrega el Reglamento. Nada de esto ha sido informado por el CNE.
Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, indicó que el Poder Electoral está obligado a brindar esa información por la Convención Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En la Convención Internacional de Naciones Unidas se establece, en el artículo 9, que cada Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, “que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción”.
Algunas de las medidas que deben tomar los países son la difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública, incluyendo información sobre licitaciones o sobre adjudicación de contratos. Además tienen que formular condiciones previas de participación, incluidos criterios de selección y reglas de licitación.
De Freitas agregó que si el CNE no hizo licitación, concurso público o aunque sea revisión de ofertas, debe explicar públicamente en qué excepción de la ley se está amparando, porque hay una excepción en base a un acuerdo internacional, pero se obliga a que haya un pago, en este caso de Argentina, contra un beneficio que da Venezuela.
“Anteriormente Venezuela mandaba petróleo y recibía arroz, champú, quimioterapias, tecnología, etc. Pero ahora esa contratación no se ampara en ningún acuerdo internacional”
Mercedes de Freitas
Directora de Transparencia Venezuela
La otra excepción contemplada en la ley es sobre la parte técnica, pero debe haber y conocerse la exigencia del país.
3. El presupuesto oculto del CNE
Dentro de los misterios de estas elecciones se encuentra el presupuesto aprobado, tanto para el proceso en sí mismo como en lo que respecta al costo de las máquinas que serán utilizadas el próximo 6 de diciembre. Entre las funciones establecidas dentro de la Constitución para el CNE está la de formular su propio presupuesto, que debe ser tramitado ante la Asamblea Nacional y podrá ser administrado de manera autónoma. Esto no se ha dado desde 2016, debido a la crisis política y a un conjunto de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que derivaron en el desconocimiento del Parlamento venezolano por parte del Ejecutivo y del resto de los poderes públicos.
Según una nota publicada por Diario Las Américas en agosto, para la nueva compra del parque tecnológico luego del incendio ocurrido en marzo en los galpones del organismo, el CNE solicitó a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) un aproximado de 100 millones de dólares.
Fuentes consultadas dentro del CNE dijeron a esta investigación que el costo promedio de estas máquinas oscila entre los $2.000 y $2.800, y llegarían por lotes al país, por lo que las autoridades dispusieron que la adecuación e instalación del software se haría a medida que se fueran recibiendo. Esta información no pudo ser confirmada de forma oficial.
El CNE ya habría comprado unas 15.000 máquinas en diciembre como parte de la adecuación y actualización tecnológica del organismo.
Tomando en cuenta el costo reportado, esa transacción estaría ubicada en $37,5 millones. Pero las cuentas no son tan simples.
Otra de las cuestiones que oculta el CNE es la cantidad de máquinas que se compraron para este evento, al igual que los dispositivos del Sistema de Autenticación Integrado (SAI). La mayor cantidad de máquinas electorales que se ha usado en el país fue en las elecciones parlamentarias de 2015, cuando se utilizaron 40.601. En eventos electorales posteriores se redujo el número debido a que se optimizó el almacenamiento de datos de cada una. Se usaron entre 22.000 y 24.000 unidades.
Para completar 24.000 unidades, el CNE debería haber comprado otras nueve mil máquinas luego del incendio en Filas de Mariche, lo que representa otros 22 millones 500 mil dólares que habría desembolsado el organismo electoral. En cambio, para lograr una cantidad de maquinaria similar a las parlamentarias de 2015, se tendrían que haber cancelado $62.500.000.
También queda pendiente dentro de las cuentas del CNE el costo del SAI, que es independiente a las máquinas, y del software que se usará para este evento.
4. ¿De dónde vienen las máquinas?
El 9 de octubre de 2020, las autoridades del poder Electoral presentaron el modelo de la nueva máquina de votación que se usará por lo menos en las próximas tres elecciones previstas constitucionalmente en el país.
Según Carlos Quintero, rector suplente e integrante de la Junta Nacional Electoral, la máquina denominada EC21 fue diseñada por ingenieros venezolanos para no depender de proveedores internacionales, como sucedió con la empresa Smartmatic.
Pero en la página del gigante de ventas online chino Alí Baba puede observarse la oferta de la empresa TouchWo (ubicada en la provincia de GuangZhou, China). Cada equipo, que en realidad es una pantalla táctil con diversas entradas para la conexión a otros equipos, tiene un precio que oscila entre los $250 y $362, dependiendo de la capacidad de procesamiento y almacenamiento integrado.
Las autoridades del CNE hasta ahora no han informado a los técnicos de los partidos políticos que participarán en estas elecciones si el organismo adquirió estas pantallas directamente o a través de Ex-Clé, para ser adaptadas a sus requerimientos, aunque según informaciones de medios de comunicación, todo el proceso de compra y adecuación lo habría realizado la empresa argentina.
Según el exrector del CNE Rafael Simón Jiménez, las máquinas fueron compradas a través de Ex-Clé y serían traídas desde China, aunque no tiene más detalles sobre el contrato, según reveló a esta investigación. Al constituirse una de las primeras reuniones del directorio, recibieron un punto de cuenta donde se informaba la compra de estos equipos por parte de la junta directiva anterior —la presidida por Lucena—, pero no se daba mayor información.
“Cuando yo llegué al CNE recibí información sobre una compra de 15.000 máquinas de votación por obsolescencia tecnológica, pero que no se pudo ejecutar por falta de recursos (el CNE está supeditado a que el Estado otorgue los recursos). Pero un buen día se informó sin ningún tipo de documento en la mano, solo el punto de cuenta, que esos equipos habían sido adquiridos por la gestión anterior. No mostraron nada, nunca hubo acceso a un documento. Eso estuvo encubierto con el mayor resguardo”, comentó Jiménez.
Ex-Clé también tendría un contrato por tres años para brindar soporte técnico y mantenimiento para el hardware, que tendría garantía por parte de la empresa por igual cantidad de tiempo.
El propio CNE dispuso en su página web un apartado para explicar la nueva “solución electoral”, que “es capaz de hacer del acto de votación una experiencia más sencilla para la electora y el elector”. La máquina EC21 contará con una batería integrada de larga duración, que podría dar independencia de hasta 10 horas, además de una impresora integrada para la papeleta que deberá ser depositada en las urnas el #6D.
La máquina solo se desbloquea, como sucedía en procesos anteriores, cuando el SAI autentica “la identidad biométrica del elector o electora a partir del reconocimiento de su huella dactilar”.
5. La quema de las máquinas Smartmatic
El 7 de marzo de 2020, un incendio se registró en el galpón del Consejo Nacional Electoral ubicado en Filas de Mariche, estado Miranda. Las llamas consumieron la totalidad del material que se encontraba a resguardo en esos espacios, incluyendo las máquinas de votación, las baterías y la línea de producción para programar cada uno de estos equipos antes de una nueva elección.
Ese mismo día, la entonces presidenta del CNE, Tibisay Lucena, aseveró que se trataba de un “acto terrorista” que “causa serios daños en nuestra infraestructura electoral”, aunque no precisó el porcentaje del parque automatizado afectado.
En total, el incendio consumió 49.408 máquinas de votación, lo que a juicio de Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) es hablar de la pérdida de toda la infraestructura automatizada para unas elecciones, además de significar un gasto elevado para el Estado, debido a la crisis económica que enfrenta el país en la actualidad.
Los días corrieron hasta el 12 de junio de 2020, fecha en la que el Tribunal Supremo de Justicia designó a una nueva junta directiva del CNE. Indira Alfonzo, Rafael Simón Jiménez, Gladys Gutiérrez y José Luis Gutiérrez fueron incorporados al Poder Electoral, mientras que la rectora Tania D’Amelio fue ratificada en el cargo.
La información sobre la maquinaria para las elecciones parlamentarias siguió siendo confusa, pese al cambio de autoridades, aunque la compra de las máquinas por parte de la junta directiva anterior sí fue confirmada públicamente por la rectora D’Amelio, quien había formado parte de ella.
En entrevista a Unión Radio, la rectora aseveró que en diciembre de 2019, el CNE hizo una solicitud para la adquisición de máquinas de votación y sistemas de autentificación del votante (captahuellas), debido al tiempo de uso de muchas de ellas.
Además, la rectora ratificó (al igual como lo ha hecho la presidenta Indira Alfonzo) que era la empresa argentina la encargada de estas compras, al tiempo que dio algunos detalles sobre la relación del CNE y Ex-Clé antes de asumir por completo las elecciones.
“Esta empresa no solo ha venido trabajando en los procesos posteriores a la constituyente, sino en nuestro proceso de digitalización del Registro Civil, todo el proceso de captación de huellas. Estamos hablando de actividades de 2011, de algunas actividades de 2013, es decir, ha sido una empresa que ha venido prestando servicios al CNE en actividades que guardan relación con nuestros procesos”, reiteró.
6. El software que maneja todo
El mismo día que se presentó la nueva máquina de votación, el rector suplente Carlos Quintero dio una información escueta sobre el nuevo software de escrutinio y totalización para estas elecciones, que fue elaborado bajo código abierto.
Según Quintero, el diseño del nuevo software de adjudicación fue sometido a pruebas de protocolos de certificación por más de 60 técnicos para verificar la comunicación con toda la infraestructura para estas elecciones. La Junta Electoral realizó cuatro pruebas integrales, la primera de ellas hecha en marzo.
“La única forma de poder descifrar un archivo de estas máquinas es que todas las organizaciones políticas y el CNE se pongan de acuerdo”.
Carlos Quintero
Rector suplente del CNE
Al tratarse de un nuevo software, los especialistas consultados coinciden en que las revisiones del código fuente deberían haberse realizado con seis meses de antelación, con el objetivo de verificar que el software trabaja de forma óptima y se refleja la voluntad del elector durante el proceso. Ya durante las auditorías correspondientes al cronograma electoral, señalan, podría haberse verificado que dicho código no hubiera sido modificado.
Pero durante las auditorías al software de votación, para las cuales se destinaron 12 días, diversas organizaciones y técnicos electorales de los partidos políticos informaron que las máquinas utilizan Windows 10, que requiere de una licencia para poder ser utilizado e incumple la promesa de usar código abierto.
Humberto Rojas, de la Red de Observación Electoral, resaltó que las máquinas anteriores —provistas por la empresa Smartmatic— trabajaban con este sistema operativo. El utilizar sistemas open source, como Linux o Ubuntu, “implicaría desarrollar cada uno de los módulos desde cero. Eso fue lo que se anunció en principio, pero ahora vemos que se continúa el mismo esquema de Smartmatic”.
7. Una investigación con más dudas que certezas
A raíz de las declaraciones del exvicepresidente del CNE Rafael Simón Jiménez, la Comisión de Contraloría de la AN creó una Subcomisión Especial para investigar a Ex-Clé.
El diputado Guillermo Palacios (UNT-Lara) aseguró que esta empresa ha sido tutorada por el exministro de Comunicación e Información y ahora candidato Jorge Rodríguez. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido presentada alguna evidencia física que compruebe esta afirmación.
Jiménez compareció ante la Comisión —a la cual los periodistas no tuvieron acceso— y Palacios añadió que el CNE está siendo controlado por un ente que dirige Jorge Rodríguez y que este decide sobre las contrataciones a empresas para las máquinas, equipos y software en material electoral.
El parlamentario indicó que también se convocaría al exrector Luis Emilio Rondón, pero se desconoce si este ya compareció o si ofreció algún tipo de información sobre Ex-Clé. Se le consultó al diputado sobre esta información e indicó que hasta el momento ninguno de los exrectores ha sido invitado a la Subcomisión Especial.
El lunes 26 de octubre, Palacios, mediante nota de prensa, informó que el representante de Ex-Clé en Venezuela se negó a comparecer ante la subcomisión especial de Contraloría. El diputado señaló que la administración de Maduro no permite que organismos y empresas del Estado rindan cuentas ante la Asamblea Nacional.
Pero afirmó que seguirán con la investigación, “con el propósito de poner de relieve la plataforma corrupta que se ha conformado en el Consejo Nacional Electoral, para manejar de forma inescrupulosa todos los mecanismos que les permitan controlar los resultados que se producirán el #6D en la farsa que han montado”.
8. Un contrato que no aparece
En septiembre de 2017, el dirigente de Primero Justicia Juan Carlos Caldera informó que el CNE había notificado a los partidos políticos que a partir de ese momento, Ex-Clé sustituiría a Smartmatic. En el apartado de “contrataciones públicas” de la página web del CNE, tampoco se hace mención a esta contratación o llamado a concurso.
En los últimos tres años el CNE solo ha publicado los concursos abiertos destinados a la contratación de servicios de planes vacacionales, alimentación, alquiler de vehículos, compra de materiales de oficina, de limpieza y suministro de botellones de agua. Además, no se ha publicado ninguna contratación hecha este año.
El 1º de septiembre de este año, el Poder Electoral publicó una nota de prensa en la que indicó que en la sesión permanente del directorio había sido presentada la “nueva solución tecnológica electoral” para las elecciones legislativas, pero no se mencionó a Ex-Clé o a alguna otra empresa.
En la presentación de la máquina electoral —que incluyó un juego de luces como en un show de televisión— no se informó si había sido Ex-Clé la encargada de comprar esos aparatos. Sobre el diseño del software, el rector Carlos Quintero aseguró que había sido diseñado por técnicos venezolanos, aunque tampoco detalló quiénes eran o si formaban parte de una empresa pública o privada, si se hizo alguna licitación para la contratación o si Ex-Clé estuvo involucrada.
9. Un rector sin información
El pasado 13 de julio, el exvicepresidente del CNE Rafael Simón Jiménez ofreció una entrevista a Palabra Hecha Podcast, donde aseguró que se votaría con el mismo sistema de otros años y que tenía conocimiento de que el anterior directorio, presidido por Tibisay Lucena, había aprobado la compra para renovación de 15 mil máquinas de votación antes del incendio en el galpón de Mariches, pero que esa compra no se había podido ejecutar por falta de presupuesto.
“La semana pasada nos informaron que las máquinas habían sido adquiridas mediante la negociación con un consorcio argentino-venezolano, que se iba a encargar de traerlas de China y que también se encargaría de suministrar el software de esas máquinas”, explicó.
Un mes después, Jiménez presentó su renuncia al CNE y pidió investigar el contrato con la empresa argentina Ex-Clé. “Las máquinas fueron dadas a una empresa llamada Ex-Clé; he invitado a los periodistas de investigación a que investiguen los términos de ese contrato, quién lo dio y cómo lo dio”, declaró, al mismo tiempo que agregó que las máquinas habían sido compradas por el directorio de Tibisay Lucena.
“Cuando nosotros llegamos allí, ya se había dado ese contrato”, expresó. Jiménez precisó al #GuachimánElectoral que no tiene más detalles sobre el contrato y que al constituirse una de las primeras reuniones del directorio, recibieron un punto de cuenta donde se informaba la compra de estos equipos por parte de la junta directiva anterior, pero no se daba mayor información. “No mostraron nada; nunca hubo acceso a un documento. Eso estuvo encubierto con el mayor resguardo”, reveló.
“Yo llegué a suponer que ese contrato no estaba autorizado, o en todo caso había sido otorgado por una instancia superior al CNE (…) Incluso podría exonerar a las nuevas rectoras, porque creo que también desconocen la información que consta en ese contrato”.
Rafael Simón Jiménez
Exrector del CNE
10. Auditorías sin las preguntas clave
El 9 de octubre el CNE presentó públicamente las nuevas máquinas que se utilizarán en las elecciones del 6 de diciembre, y el 12 de octubre comenzaron las auditorías al nuevo sistema automatizado de votación. Sin embargo, según un boletín publicado por el OEV seis días después, se indicó que en esta primera transmisión en vivo de las auditorías “no se pudo apreciar todo el tiempo el procedimiento exacto que se estaba haciendo en la sala. Se mostró principalmente al funcionario ejecutor de la auditoría o a los asistentes al acto”.
Expertos electorales consultados para un trabajo publicado por El Pitazo el 22 de octubre aseguraron que la mayor preocupación que existe con respecto a las auditorías es que de las más importantes no se tiene mayor información: la del software de las máquinas, la evaluación de la red de transmisión de datos electorales, la certificación del software del sistema de información al elector y la de la producción del sistema.
Luis Lander, director del OEV, y un técnico electoral que prefirió resguardar su identidad, coinciden en que desde siempre en Venezuela se ha visto una debilidad en la difusión pública de las auditorías.
“Nunca las autoridades del CNE ni partidos políticos han hecho hincapié sobre las auditorías; nunca se han hecho campañas claras y contundentes”.
Luis Lander
Director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
No obstante, Lander señala que la gran diferencia entre años anteriores y el proceso de este año es que antes las personas sí tenían confianza en el sistema automatizado de votación, y en el de ahora no, por todas las irregularidades y por el secretismo que ha mantenido el CNE con respecto al mismo. El experto asegura que para el CNE es conveniente crear desconfianza no informando todo lo referente a las auditorías para desestimular el voto de las personas que no son afines al oficialismo.
11. ¿Qué llegó de Irán?
De las máquinas presentadas el 9 de octubre, las autoridades del CNE no han aclarado la información sobre dónde vinieron y cuál es su cantidad total. Asimismo, el 20 de octubre aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía un cargamento de 25,5 toneladas de material electoral acerca del cual el organismo electoral no ha dado detalles. “Si hay necesidad de realizar una compra grande de material electoral, eso debería ser producto de una licitación pública que sea primero nacional, para ver si hay algún proveedor que esté en la capacidad de satisfacer las necesidades del CNE. Si no hay, se llama a una licitación internacional. La cuestión es que se haga de manera pública y que el CNE informe qué es lo que se está trayendo, para evitar incertidumbre”, señaló Lander.
12. La Lopre muestra señales de abuso
Para este proceso, el CNE no ha sido transparente en cuanto al proceso de licitación para la compra de máquinas: no ha informado sobre su costo, su país de origen ni sobre la empresa encargada de desarrollar el software. El ente rector ha tomado decisiones arbitrarias, como cambiar el lugar de votación de algunas personas para estas elecciones, y no ha dado información sobre por qué se están realizando estos cambios, considera el director del OEV.
El organismo también violó la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Según la ley, el cronograma de actividades para este proceso electoral se tuvo que haber publicado el mismo día que se realizó la convocatoria para las elecciones, el 1º de julio; sin embargo, fue el 11 de julio cuando se publicó en la página web del organismo.
