El documento, titulado «Radiografía de un Proceso Electoral. Parte 1», presenta una serie de irregularidades que han observado en la organización de las parlamentarias en el transcurso del 2020 hasta el mes de octubre.
Roger Ruiz Herrera
El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) presentó un informe en el que detalla la decadencia de las condiciones electorales de cara a las parlamentarias del #6D
Aspectos como: la usurpación de atribuciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia al nombrar a los rectores por encima de la Asamblea Nacional, la modificación del sistema electoral, el Plan Estratégico de Bioseguridad, las nuevas normas de «veeduría electoral nacional e internacional», entre otros influyen en la confianza de los ciudadanos y de la comunidad internacional en el proceso electoral.
Poder Judicial vs Poder Legislativo
Los expertos del OEV señalan, en primera instancia, la relevancia y el papel que ha jugado el TSJ en la configuración del proceso comicial de este 2020. En este apartado enfatizan la usurpación de funciones del TSJ, al tomar atribuciones que constitucionalmente son competencia de la Asamblea Nacional (AN), como la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral.
En el pasado mes de junio, el Poder Judicial anuló al Parlamento, una vez más, y tomó la iniciativa de nombrar un nuevo equipo de rectores en Poder Electoral, sin previa consulta y con la exclusión del Comité de Postulaciones Electorales de la AN en la decisión. A su vez, el TSJ también designó los cargos directivos del CNE. Todo esto en violación al art. 296 de la Constitución Nacional.
Art. 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
La judicialización de organizaciones políticas tradicionales de oposición y de antiguos aliados del partido oficialista también fueron algunas de las «jugadas» del TSJ para el evento electoral, según refiere el informe.
Sobre estas decisiones, la alta comisionada de Naciones Unidas, y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, expresó que «disminuye la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos». El texto del OEV también señala que las sentencias del Poder Judicial no solo afectan a los partidos implicados, sino también al electorado ya que restringen la oferta electoral.
CNE hace de las suyas
En su investigación el OEV también explica que una vez instalado el nuevo equipo de rectores, el Poder Electoral estableció un nuevo sistema en el que se modificó el número de escaños a elegir en el Parlamento, la modalidad de votación indígena, a la vez que introdujo cambios en el propio sistema electoral.
La Constitución en su artículo 298 expresa que los reajustes de las normativas para los procesos de votación en año electoral no deben realizarse:
“La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”.
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Art. 298 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Las modificaciones del sistema electoral en general también fueron acompañadas por constantes cambios en las actividades del cronograma electoral, la adquisición de nuevas máquinas electorales sin detallar su información y cambios en la normativa de observación electoral nacional e internacional, de acuerdo al informe del OEV.
Reto pandémico
El documento publicado por el observatorio también detalla que la autoridad electoral formuló un Plan Estratégico de Bioseguridad de cara a unas elecciones atípicas en pandemia; al respecto el OEV señala que el ente comicial tiene el reto de afrontar unas elecciones y que quienes van a ejercer el sufragio no se vean expuestos a ser contagiados por el COVID-19.
El OEV enfatiza en sus páginas finales que hubo una desmejora considerable de las condiciones democráticas en Venezuela.
Por su parte, las organizaciones políticas afectadas por toda la configuración desde el Poder Electoral han declarado que las medidas adoptadas por los diferentes poderes del Estado han devenido en la organización de unas elecciones «acomodaticias» e ilegítimas y que, además, cuentan con la desaprobación de la comunidad internacional.
