El proceso comicial ha sufrido de numerosas modificaciones que han resultado en el rechazo a participar por parte de partidos tradicionales de oposición y el desconocimiento de la comunidad internacional
Instituto Prensa y Sociedad / Poderopedia
Poderopedia Venezuela y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) realizaron un recuento de lo acontecido, en el último semestre, sobre los atropellos que ha tenido la configuración del sistema electoral, además de una serie de irregularidades en el proceso de cara a las parlamentarias del 6 de diciembre.
Los comicios convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que escogerán a los 277 nuevos miembros de la Asamblea Nacional (AN) tendrán a 107 organizaciones políticas como participantes, según datos del órgano electoral. La nueva cantidad de curules supone un aumento del 66% de parlamentarios que estarán en el hemiciclo, contraría a los artículos 186 y 298 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), de acuerdo con expertos consultados por Poderopedia Venezuela,.
No son pocos los expertos en el tema electoral los que han denunciado la carencia de garantías democráticas, de imparcialidad y de transparencia comicial. Entre los aspectos más criticados se encuentran las intervenciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a las juntas directivas de los partidos políticos con mayor trascendencia, en especial de los partidos tradicionales de oposición y hasta de exaliados del partido oficialista; las modificaciones constantes en el cronograma electoral, una vez puesto en marcha; los cambios en el sistema de votación indígena; las reformas en las normas de observación electoral y acompañamiento internacional, entre otros.
Extraña configuración
El camino a las parlamentarias de 2020 en Venezuela tiene como punto de partida el 12 de junio, fecha en el que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designa -en lugar de la Asamblea Nacional (AN)- una nueva junta directiva Ad Hoc del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En esta renovación directiva del Poder Electoral, el TSJ decide nombrar a la magistrada y también presidenta de la Sala Electoral del Poder Judicial, Indira Alfonzo Izaguirre, como presidenta del nuevo CNE, en sustitución de Tibisay Lucena. Sin embargo, Alfonzo ya era anteriormente conocida por realizar la sentencia que declaró en desacato a la AN, con la intención de dejar sin efecto todos los actos del Parlamento, bajo la sentencia N° 1/2016.
En el nuevo staff del Poder Electoral, la rectora Indira Alfonzo también preside la Junta Nacional Electoral, que a su vez la conforman el rector principal José Luis Gutiérrez –hermano del secretario general de la junta directiva Ad Hoc de Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez-, y por el rector suplente Carlos Quintero Cuevas. Este último fue jefe de Informática en la Dirección de Comunicaciones de la Dirección de Inteligencia Militar entre 2002 y 2004. Además, suma 14 años en el CNE y ha participado en la logística de 17 procesos electorales.
En la Comisión de Registro Civil y Electoral se encuentra presidida por Tania D’Amelio Cardiet, quien tiene más de 10 años formando parte del órgano y además acompañó a la expresidenta del ente, Tibisay Lucena. También se encuentran la rectora principal Gladys Gutiérrez Alvarado, ex presidenta del TSJ, y el rector suplente Juan Carlos Delpino Boscán.
La Comisión de Participación Política y Financiamiento está bajo la dirección del rector principal Leonardo Morales Poleo, a su vez vicepresidente del CNE, e integrada por Tania D’Amelio Cardiet y el rector suplente Abdón Hernández Rodríguez, ex gerente general de Administración y Servicios de la Junta Directiva del TSJ.
Tecnología de dudosa procedencia
El 9 de octubre de 2020 fue la presentación de la nueva tecnología electoral adquirida por el CNE. El rector Carlos Quintero dio a conocer las máquinas de votación “EC21” y el software que se utilizará en las parlamentarias del 6 de diciembre, en un acto muy parecido al nuevo lanzamiento de un teléfono celular o dispositivo electrónico de alta gama. La obtención de las máquinas se obtuvo a través de la compañía argentina Ex-Clé, en reemplazo de la empresa Smartmatic la cual había sido la principal proveedora del CNE desde el año 2004 hasta 2017. La ruptura con Smartmatic se produjo luego de que Antonio Mugica, director de la empresa, anunciara la “manipulación de más de un millón de votos” en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017.
Quintero alabó la eficiencia y modernidad de la nueva tecnología y mencionó algunas de sus “bondades” como la capacidad de operar durante 10 horas seguidas, un sistema de sonido integrado y una agilidad para sufragar en un tiempo estimado de 20 segundos. Sin embargo, existen muchas dudas y sombras sobre los acuerdos y condiciones en las que se adquirieron dichos equipos, cuestiones que el CNE no se ha molestado en dar a conocer.
Anterior a la presentación de las máquinas, el 6 de agosto, el entonces rector Rafael Simón Jiménez anunció su renuncia del ente comicial y pidió a los medios que investigaran a la compañía Ex-Clé. En aquella oportunidad, Jiménez declaró: “Las máquinas fueron dadas a una empresa que se llama Ex-clé. He invitado a los periodistas de investigación a que investiguen los términos de ese contrato y quién lo dio y cómo lo dio”, afirmó en aquella oportunidad. Jiménez acotó que dichas máquinas se compraron durante la gestión de Tibisay Lucena: “Cuando nosotros llegamos allí, ya se había dado ese contrato”.
La especialidad de Ex-Clé en su desarrollo de softwares electorales ha sido muy discutida, pues la compañía se ha definido “como especialista en sistema de identificación biométrica”, especialidad que el CNE apostó para la provisión de equipos de Sistema de Autenticación Integrado (SAI), “captahuellas”, que se usaron por primera vez en el Referendo Revocatorio del año 2004.
La empresa argentina tiene años vinculada con el chavismo, en los que ha llevado a cabo convenios con el Banco de Venezuela, la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas mientras Jorge Rodríguez estuvo en la administración, y también se le atribuye la creación del Petro.
Contra el 6D
Con todo este panorama, la oposición que lidera Juan Guaidó, presidente de la AN, en apoyo de la comunidad internacional y diferenes organismo intergubernamentales, entre ellos la Unión Europea, el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA) han expresado que no reconocerán la validez de las parlamentarias. Asimismo, los Estados Unidos, Canadá y la Organización de Naciones Unidas (ONU) también han denunciado la parcialidad del evento electoral y han declarado que no avalarán los resultados.
El pasado 21 de noviembre, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y ministra (E) de Economía, manifestó que al régimen chavista no le importa el reconocimiento internacional, pues «quienes tienen que hablar sobre las elecciones de Venezuela es el pueblo”.
El actual Parlamento ha decidido actuar y para ello designó la creación del Comité Organizador de la Consulta Popular por Venezuela el pasado 13 de octubre. Carolina Jaimes, Isabel Pereira, Rafael Punceles, Estefanía Cervó, Horacio Medina y Enrique Colmenares son los encargados por el Poder Legislativo de organizar la Consulta Popular, con el objetivo de rechazar las parlamentarias del 6 de diciembre y prolongar el período interino ante la ausencia de garantías democráticas.
El Parlamento aprobó, el pasado 19 de noviembre, las tres preguntas que constatarán la Consulta Popular:
La consulta se llevará a cabo desde el 7 de diciembre hasta el 11 de diciembre, participación vía digital, mientras que el 12 de diciembre será la participación de modo presencial.